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Por Leonel Herrera*
Austria, Canadá, Estados Unidos, España, Filipinas, Honduras… La solidaridad con Santa Marta y ADES no tiene fronteras, y la exigencia de liberar a los líderes comunitarios encarcelados injustamente desde el pasado 11 de enero es ya una demanda global. Así quedó demostrado en la semana de acción organizada por la Alianza Centroamericana frente a la Minería (ACAFREMIN) y aliados internacionales de la lucha anti minera en El Salvador.
La indignación de organizaciones de la ciudadanía global y de la diáspora salvadoreña crece cada día que se confirma la arbitrariedad de las detenciones y la verdadera razón del espurio proceso judicial contra los defensores ambientales: el intento de desbaratar la resistencia contra la minería metálica de cara a las intenciones de reactivar esta nociva industria por el gobierno de Nayib Bukele, a pesar de que existe una ley que la prohíbe en forma definitiva.
Desde una simbólica protesta frente a la embajada salvadoreña en Washington organizada por CISPES, hasta la emotiva manifestación de jóvenes ambientalistas en Filipinas, pasando por acciones solidarias de ciudadanos/as austríacos frente a la representación diplomática de nuestro país en Viena, la demanda es la misma: libertad para los líderes de Santa Marta y ADES y mantener la prohibición de la minería en El Salvador.
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Quienes el 29 de marzo de 2017 celebraron con euforia la aprobación de la ley prohibitiva la minería de metales (hecho que elevó a El Salvador a la categoría de hito mundial por ser el primer país en proscribir en su territorio a la más contaminante de las industrias extractivas) ahora alzan su voz enérgica contra el grave abuso judicial cometido contra los principales precursores de tan ejemplar normativa.
En varias manifestaciones se ha exaltado especialmente la figura de Antonio Pacheco, director ejecutivo de ADES, detenido junto al asesor legal de dicha asociación y tres líderes de la comunidad Santa Marta: luchador inclaudicable por la justicia social, los derechos humanos y el medioambiente. Hombre humilde, sencillo, brillante y estratega de la lucha anti minera, clave en la organización de la resistencia comunitaria y en la construcción del gran consenso nacional anti minero.
Ésa es la verdadera causa de su detención, no un supuesto delito del conflicto armando que le endilga la Fiscalía General de la República y los tribunales vasallos del régimen de los hermanos Bukele, que lo encarcelaron sin más pruebas que el testimonio contradictorio de alguien que primero dijo haber presenciado los hechos y después que le contaron lo sucedido. Un “testigo de chambre”, como lo llamó Ovidio Mauricio, director de Tutela Legal “María Julia Hernández”.
La misma Fiscalía y Sistema Judicial que se niegan a investigar las horrendas masacres cometidas por el ejército gubernamental y sus grupos paramilitares contra Santa Marta durante la guerra civil (masacres de Santa Cruz, Peña Blanca, Río Lempa y otras), arremete contra Antonio Pacheco y los líderes de esta comunidad martirial a la que revictimizan de manera cruel.
El mismo fiscal Rodolfo Delgado, quien como jefe la unidad contra el crimen organizado en 2009, no quiso investigar a los autores intelectuales de los activistas anti mineros Marcelo Rivera, Dora Sorto y Ramiro Rivera, ahora como Fiscal General persigue a héroes ambientales que libraron al país del terrible desastre que habría provocado la explotación minera en el país.
En el marco de la semana de acción por la libertad de los líderes comunitarios y la prohibición de la minera, la defensa legal entregó a la Cámara Penal de Cojutepeque una ampliación de la apelación presentada el 14 de febrero. El escrito plantea argumentos adicionales contra la detención provisional basados en sentencias recientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la luz de las cuales la prisión preventiva decretada contra los ambientalistas debe ser revertida.
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Ojalá que la recusación de uno de sus magistrados (perpetrada por la Fiscalía y la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia sin ninguna base legal y a partir de una sospecha) no impida que la referida Cámara resuelva apegada al debido proceso, porque la libertad de los líderes comunitarios de Santa Marta y ADES es una demanda nacional e internacional que debe ser atendida. Mantenerlos en prisión será un abuso contra la humanidad.
*Periodista y activista social.
