Por Leonel Herrera*
El Juzgado Primero de Sentencia de San Salvador aplazó por sexta vez la lectura de la resolución del caso “Saqueo Público”, en el que fueron procesados la ex primera dama Vanda Pignato, el ex secretario de comunicaciones de la presidencia David Rivas y otros ex funcionarios del gobierno de Mauricio Funes (2009-2014). La razón: la ausencia de la Fiscalía General de la República (FGR).
Desde diciembre del año pasado, la representación fiscal ha impedido que los jueces den a conocer la sentencia. Diario El Mundo, La Prensa Gráfica, Diario Co Latino y otros medios periodísticos que han dado seguimiento al proceso judicial han constatado que los fiscales no llegan o llegan pero se retiran antes de que inicie la lectura del fallo.
Durante el último intento, el pasado 15 de marzo, uno de los jueces declaró que el tribunal colegiado resolvió por unanimidad, que el fallo “no se modificará” y que en la próxima ocasión se dará a conocer con las partes que estén presentes.
Abogados defensores de los procesados dijeron la semana pasada a Diario El Mundo que, probablemente, la actitud de los fiscales se deba a que la resolución no es de su agrado y que podría haber presiones hacia los jueces para que la cambien.
Los defensores -que hablaron bajo anonimato por temor a represalias- creen que el fallo es absolutorio o mixto (condena a unos y absuelve a otros), y que por eso la Fiscalía estaría intentando modificarla.
La denuncia de los abogados tiene sentido con la declaración del juez sobre que la sentencia “no será modificada”. Si un juez advierte que el fallo se mantendrá y no cambiará, es porque alguien está buscando modificarlo, lo cual constituye un atentado contra la independencia judicial, el debido proceso y los derechos de los acusados.
Lo anterior es grave y confirma el abuso, las presiones y el chantaje contra los pocos jueces y tribunales independientes que todavía resisten a la arremetida feroz del autoritarismo y la antidemocracia que impera en el país. Por tanto, nadie que comulgue con la legalidad y la justicia, debería mostrarse indiferente ante esta arbitrariedad.
El caso “Saqueo Público” es un “atarrayazo” que hizo la Fiscalía de Douglas Meléndez. Luego de la escapada del ex presidente Mauricio Funes hacia Nicaragua, el ex fiscal general acusó a varios ex funcionarios y ex empleados de Casa Presidencial por supuestos delitos relacionados con el manejo de los fondos reservados conocidos como “partida secreta”.
Sin embargo, durante el juicio se demostró que los 351 millones de dólares, que -según la Fiscalía- fueron “desviados” por los procesados, en realidad fueron pagados a 327 empresas proveedoras de la Presidencia de la República.
Una de éstas es la Sociedad Castro Sol S.A. de C.V., propiedad del actual presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, y de su esposa Michelle Sol, viceministra de Vivienda, que durante los años 2010 y 2011 recibió 504,000 dólares por el servicio de alimentación al Batallón Presidencial.
*Periodista y activista social.