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Redacción Nacionales
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El caso “Saqueo Público”, por el que fueron llevadas a juicio diez personas, entre ellas exfuncionarios del gobierno del expresidente Mauricio Funes, es un proceso más de persecución política, plagado además de irregularidades y violaciones a la ley.
Así lo denunció este miércoles el Comité de Familiares de Personas Presas y Perseguidas Políticas de El Salvador (COFAPPES) durante un conversatorio público.
En el referido evento, denominado “Casos de Persecución Política en El Salvador”, también se presentaron los casos de persecución contra los veteranos de la Alianza Nacional El Salvador en Paz y el de los ambientalistas de Santa Marta y ADES.
Según Lourdes Palacios, representante de COFAPPES, los casos en mención pueden tener distintas causas y propósitos, pero responden a un mismo patrón de criminalización y persecución política, instrumentalizando para ello a la Fiscalía General de la República y al sistema judicial.
Sobre el caso “Saqueo Público” COFAPPES denunció que los procesados han enfrentado una serie de irregularidades y violaciones a la ley, entre ellas el rechazo sin sustentación de recursos de Habeas Corpus o el arresto domiciliar en que se encuentran siete de ellos desde hace cuatro años, pese a haber cumplido dos años en prisión.
“Saqueo Público”, tal como lo señalaron abogados defensores de los acusados, fue un proceso fabricado por el exfiscal Douglas Meléndez, sin prueba sólida y tipificado como Lavado de Dinero y Activos, pese a que no cumplió con las características para ello.
Cuando en junio de 2018 inició el caso, la Fiscalía aseguró que funcionarios del gobierno de Funes y personas particulares lavaron 351 millones de dólares provenientes de los Fondos Reservados de Casa Presidencial. Sin embargo, durante la fase de instrucción y producto del peritaje contable ordenado por el juez, se estableció que el dinero no fue desviado ni lavado, sino que fue utilizado para el pago a 327 proveedores de bienes y servicios a Casa Presidencial.
Dicha lista de proveedores, con los respectivos documentos de respaldo, figura en el peritaje que ordenó el Juzgado, pero -por petición de la Fiscalía- fue excluida como prueba en la fase de Instrucción.
También se acusó sin prueba a algunos exfuncionarios de haber adquirido muebles e inmuebles con fondos de Casa Presidencial, pero luego se estableció que dichos bienes habían sido comprados legalmente, en muchos casos varios años antes de ser funcionarios.
A la lista de ilegalidades se suman la concesión de beneficios por parte de la Fiscalía al exsecretario privado de la Presidencia, Francisco Cáceres, el principal responsable según la Ley del Presupuesto General de la Nación de la administración de los Fondos Reservados. Según establece el Código Procesal Penal, Cáceres no podía ser testigo criteriado en contra del resto de procesados, salvo contra el expresidente Funes.
Para el montaje del caso “Saqueo Público” el exsfiscal Douglas Meléndez y su equipo también aseguraron que el expresidente del Banco Hipotecario, Manuel Rivera, ordenó que se borrara todo registro de las cuentas de Casa Presidencial, lo cual fue desmentido en el juicio por los mismos responsables del área de informática del Banco, al declarar ante los jueces que los archivos siempre estuvieron a disposición de cualquier autoridad que los solicitara, pues la institución cuenta con respaldos de esos registros.
Otra violación grave de la ley durante el proceso “Saqueo Público” fue el hecho de que la Fiscalía incorporó en marzo de 2021, fuera del plazo legal y sin que el juez lo solicitara o autorizara, una ampliación del peritaje que además no fue firmado por los peritos nombrados por los procesados, sino que únicamente por los peritos de la Fiscalía.
Asimismo, se presentaron testigos que mintieron ante los jueces, como es el caso de exsecretario Privado Francisco Cáceres, además de un perito que alteró cifras y una abogada, testigo de la Fiscalía, quien se retractó y reconoció que firmó una declaración que no tuvo tiempo de leer porque fue presionada por uno de los fiscales.
El juicio contra los diez procesados del caso Saqueo Público finalizó el pasado tres de noviembre y más de nueves meses después, los imputados siguen esperando el fallo judicial, el cual según el Tribunal Primero de Sentencia está listo desde el mes de febrero.
Los procesados y sus abogados dijeron desconocer las causas del retraso en la entrega del fallo judicial, pero en al menos tres ocasiones, en los meses de febrero y marzo la audiencia se suspendió porque los fiscales no asistieron o abandonaron la sala de audiencias minutos antes de que fuera pronunciado el fallo.
