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Favorecer la transparencia en las compras públicas, en función de lograr el mejor uso de los fondos públicos, es el principal objetivo por el que la Superintendencia de Competencia (SC) y el Centro de Investigación y Capacitación de la Corte de Cuentas de la República (CCR) continúan en sinergia.
“El trabajo conjunto entre ambas instituciones es un mecanismo que fortalece los procesos de compras públicas, gracias a una supervisión más rigurosa, para detectar patrones dudosos en las ofertas que reciben las diferentes instituciones del Estado para un mismo bien o servicio, permitiendo detectar indicios de manipulaciones o amaños”, manifestó el SC en un comunicado.
Agregó que “los acuerdos de precio, de no presentar oferta o de simular competencia donde no existe, tienen el fin de eliminar la rivalidad entre las empresas participantes en procesos de contratación pública”.
“La sana competencia motiva a mantener precios bajos e innovar en productos y métodos, y/o a mejorar su calidad para ganar la adjudicación. Los acuerdos entre competidores propician precios más altos, menor variedad y calidad de bienes y servicios, lo cual perjudica a las arcas del Estado”, enfatizó la fuente.
Según la SC, por mandato constitucional, a la Corte de Cuentas de la República le corresponde verificar y garantizar que los recursos nacionales, puestos a disposición de las entidades públicas, sean administrados de la manera más conveniente, con parámetros de eficiencia, eficacia y economía, mientras que a la Superintendencia, el promover y garantizar la competencia.
La Superintendencia de Competencia también trabaja con otros actores que inciden en el sector de las compras públicas como: las Unidades de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales y la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública del Ministerio de Hacienda.
