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@arpassv
A inicios de esta semana el Fiscal General de la República solicitó un embargo preventivo a los bienes y cuentas bancarias de los imputados en el caso de corrupción CEL-ENEL, try por un monto que alcanza los 2, pills 107, online 466,188 dólares. Esto, luego que el Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador le diera un ultimátum a la Fiscalía.
Entre los implicados destacan el ex presidente de la CEL Guillermo Sol Bang y el ex ministro de Economía Miguel Lacayo, quienes serán embargados por casi 38 millones de dólares cada uno. Este sonado fraude sucedió durante el gobierno del ex presidente arenero Francisco Flores.
Flores –sin embargo– no ha sido investigado por este caso, a pesar de que él habría avalado el espurio contrato con la transnacional italiana ENEL que privó al Estado de recibir más de 1,800 millones de dólares. El caso CEL-ENEL y la privatización de la banca, realizada por el ex presidente Alfredo Cristiani, están entre los delitos de corrupción más escandalosos cometidos por los gobiernos de ARENA.
El Fiscal General tampoco ha enjuiciado a Francisco Flores por la malversación o robo de los millonarios donativos de Taiwán: Luis Martínez dice que realiza una investigación, pero se niega a presentar el caso ante los tribunales de justicia. Esta omisión fiscal es peligrosa porque varios delitos imputados al ex gobernante arenero prescribirán el 31 de mayo próximo y, por tanto, quedarán impunes.
Lo anterior plantea la urgencia de impulsar una “ofensiva ciudadana” para presionar al Fiscal Martínez: las organizaciones ciudadanas y toda la población honrada, decente y que siente vergüenza por la corrupción deben exigir la inmediata judicialización del “Caso Flores”.
Así mismo, la comisión especial de la Asamblea Legislativa que investiga el caso debería exigir una acción más diligente y oportuna del Fiscal. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos también debería reiterar su exhortación a no permitir que la corrupción quede impune.
El Tribunal de Ética Gubernamental, la Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia, la Corte de Cuentas y la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia deberían impulsar una “cruzada institucional” para apoyar-presionar a la Fiscalía.
Y también los “paladines” de la transparencia y la anticorrupción FUSADES, ANEP y Aliados por la Democracia deberían pronunciarse contra la impunidad de la corrupción. ¿Por qué se callan señores de la derecha “académica” y empresarial? Pronúnciense, antes de que se le acabe el tiempo al Fiscal.
