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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
Hace tres años, el presidente de la República, Nayib Bukele, asaltó el Órgano Legislativo e intentó dar un golpe de Estado, esto tras la negativa de la anterior legislatura en aprobar un préstamo para financiar una de las fases del Plan Control Territorial. Dicha acción se catalogó como una acción autoritaria y un irrespeto a la separación de poderes, por lo que fue un golpe a la democracia.
De hecho, diferentes organizaciones de la sociedad civil señalaron los hechos del 9F de 2020 como un exceso en las fuerzas del orden y atribuciones del presidente de la República, Nayib Bukele, con el fin de afectar las funciones y competencias de la Asamblea Legislativa. Desde ese día se puso de manifiesto el discurso de odio, avasallamiento al control constitucional y la necesidad frenética de violentar los controles constitucionales por parte del jefe de Estado.
Desde ese día, que se considera como el inicio del rompimiento al orden constitucional, el presidente Nayib Bukele no ha cesado de atacar la Constitución, a la prensa, oposición política, organizaciones de la sociedad civil e instituciones, incluso, ha menospreciado a personalidades internacionales que exigen el respeto al Estado de derecho. La amenaza no solo persiste, sino que ha escalado.
Cabe destacar que todo el proceso de la irrupción en la Asamblea fue debido a que el presidente Bukele quería la aprobación de un préstamo que serviría para financiar una de las fases del Plan Control Territorial, que dicho sea de paso se estaba discutiendo en las comisiones legislativas respectivas, tal como lo dicta la ley. Sin embargo, Bukele no quería esperar dicho proceso de formación de ley.
Anabel Belloso, diputada del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), recordó que hace tres años “abusando de su poder”, Bukele militarizó e invadió la Asamblea Legislativa. “Reflejo de su autoritarismo y alertó sobre lo que vendría después, concentración de poder pasando por encima de la ley, violando los Derechos Humanos”.
El asalto al Congreso fue la acción más significativa en contra de la democracia desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1992; en ese sentido, el jefe de fracción del FMLN, Jaime Guevara, dijo que “nuestro pueblo luchó por empezar un proceso democrático, y dejar en el pasado la intolerancia, la persecución, la represión y el autoritarismo”.
Bukele, en su intento de golpe de Estado, utilizó a efectivos militares y policías, para obligar a los diputados que aprobasen el crédito para seguridad.
La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, alertó que el 9F de 2020 “fue una advertencia de los que están en el poder: esto les pasará a los que no estén de acuerdo”.
