Se cumplen dos años de “criminalización” contra los líderes ambientalistas de ADES

Samuel Amaya
@SamuelAmaya98

La comunidad Santa Marta y directivos de la Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES) conmemoraron este 11 de enero dos años de persecución política contra los líderes ambientalistas de Cabañas con un acto ecuménico. Insistieron en que se deje libre de manera definitiva a los cinco ambientalistas.

Este 11 de enero de 2025 se cumplen dos años de “criminalización” de los líderes ambientalistas Antonio Pacheco, Saúl Agustín Rivas, Alejandro Laínez, Pedro Antonio Rivas y Miguel Ángel Gámez, líderes de la comunidad Santa Marta y de la Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES).

Es de recordar que a los ambientalistas se les señala de cometer un supuesto asesinato durante el conflicto armado; sin embargo, la FGR no ha podido demostrarlo en los tribunales. La comunidad organizada señala que la acusación “sin pruebas” montada por la Fiscalía General de la República “es en represalia por la denuncia de Santa Marta y ADES sobre las intenciones gubernamentales de reactivar la minería metálica”; esta práctica es la más dañina de las industrias extractivas que amenaza el agua, los ecosistemas, la agricultura, la salud y la continuidad de la vida de las generaciones presentes y venideras, señaló ADES en su pronunciamiento.

ADES comentó que a lo largo de estos 24 meses han quedado demostradas tres situaciones que ahora son hechos indiscutibles. La primera, es la inocencia de los ambientalistas, a quienes la FGR no puede comprobarles el cometimiento de ningún delito y basa su acusación en un testigo falso que ha cambiado constantemente su discurso.

La segunda situación es que el caso “es una manipulación del sistema judicial para criminalizar al activismo ambiental y arremeter contra quienes se oponen a los tenebrosos proyectos mineros”. Ya que, es de recordar que los líderes ambientalistas fueron piezas claves para prohibir la minería en 2017; sin embargo, ese esfuerzo se tiró a la borda ya que el Gobierno de Bukele, a través de la Asamblea Legislativa, aprobó una Ley de Minería que autoriza la explotación en El Salvador.

El caso contra los líderes ambientalistas también “es una instrumentalización de la justicia restaurativa y transicional, y constituye una revictimización de una comunidad que fue víctima de masacres, desapariciones forzadas, torturas y otras graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado”, consideró la comunidad de Cabañas.

El último episodio contra los líderes comunitarios es la repetición de la vista pública que se realizará del 3 al 6 de febrero, en el Juzgado de Sentencia de San Vicente, por orden de la Cámara Penal de Cojutepeque. Los líderes ambientalistas ya habían sido sobreseídos definitivamente por el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque el pasado 18 de octubre. “Este doble juzgamiento violenta los más elementales principios del debido proceso penal y sentará un precedente nefasto en la justicia salvadoreña”, consideró ADES.

Y la tercera situación es que la presunta “motivación real y el trasfondo de este caso” es la reactivación de la minería, lo cual ha sido confirmado con el anuncio presidencial de reactivar la minería y la aprobación exprés de una nueva ley que deroga la prohibición definitiva y pone nuevamente al país “frente al grave peligro que representan los proyectos extractivistas”.

“Los perseguidores de los ambientalistas de Santa Marta y ADES creyeron que al procesarlos injustamente debilitarían la organización y la resistencia comunitaria frente a la minería metálica. Sin embargo, se equivocaron porque lo que lograron fue despertar la conciencia ambiental de la mayoría de la población y la reacción de diferentes sectores, organizaciones, instituciones y personalidades en defensa del agua y la vida; y esto hace que nuestra voz ahora sea más fuerte”, comentaron las organizaciones.

De hecho, con la comunidad y la lucha por la no reactivación de la minería, está la iglesia católica y las iglesias históricas, las organizaciones sociales, las principales universidades y la mayoría de la población salvadoreña, tal como lo demuestra la más reciente encuesta de la Universidad José Simeón Cañas (UCA). Según un estudio reciente, el 60% de la población afirma que el país no es apropiado para hacer minería, el 70% sabe que la explotación minera daña al medioambiente, el 94% no está dispuesto a trabajar en minería y el 95% considera que es peligroso vivir cerca de una mina.

Por ello, a las orillas del río Lempa, la comunidad del norte del país exigió justicia y libertad para los líderes ambientalistas. Además, alzaron su voz para reafirmar que “el agua es más que el oro” y que quieren un ambiente sano, por ello expresaron su rechazo a la minería. Lo manifestaron recordando y honrando el legado y la memoria de los mártires ambientales Marcelo Rivera, Dora Sorto y Ramiro Rivera, quienes hace 15 años se enfrentaron a la muerte para defender la vida. “Ellos y ella hoy nos inspiran a seguir en esta lucha”, finalizaron.