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Redacción nacionales
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“A nosotros no nos llamaron (a la consulta de comisión ad hoc), creemos que el CESTA no es el santo de devoción de la señora (diputada Sandra Martínez),”, comentó, Ricardo Navarro, presidente del CESTA, al referirse a la reuniones de la comisión legislativa que en septiembre próximo deberá aprobar una normativa jurídica en torno al recurso hídrico del país.
“Fuimos los primeros -al enterarnos que habría un comité Ad hoc- de mandar una carta al presidente de la Asamblea Legislativa (Ernesto Castro), después, fue a la diputada (Sandra Martínez) y no nos han llamado. No es que creamos que deben llamarnos, pero hay artículos de la Ley del Recurso Hídrico, privatizadores y quizás no se han dado cuenta”, manifestó Navarro, al explicar su interés en comparecer ante la comisión.
Con la cuarta reunión de la comisión ad hoc de la Asamblea Legislativa, que lidera el partido oficialista Nuevas Ideas (NI), el proceso de “consulta” es considerado por el ambientalista más como un “trámite estéril” para justificar luego el apoyo a la propuesta presidencial de la Ley de Recurso Hídrico. Cuando diversos colectivos ecologistas, de derechos humanos, iglesias históricas y la academia han presentado anteproyectos desde hace 12 años. Solo en la última reunión legislativa, diversas organizaciones hicieron observaciones sobre actores importantes que quedaron fuera de las reuniones como las Juntas de Agua, que sobrepasan las dos mil, y son las que se encargan de abastecer a la población en su mayoría del área rural a nivel nacional. Y las mujeres, una población del 53.15% de país, quienes enfrentan la desigualdad de género y deben encargarse de proveer de agua a sus hogares. El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Fernando López, fue el emisario del anteproyecto presidencial entregado al titular de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, el pasado 18 de junio, donde aseguró que el contenido está dispuesto de tal modo, que se logrará saldar la deuda histórica del agua para la población y con esencia de bien público.
No obstante, Navarro señaló que el anteproyecto presidencial contiene una tendencia privatizadora, aunque se afirme lo contrario, consideró que “ese era el problema”, porque no tenía una visión de derecho humano. Además, de no contar con “mayor conocimiento o experiencia” de los conocimientos sobre el tema hídrico.
“El artículo 10 forma una Asociación Salvadoreña del Agua (ASA), y dicen, que le dan autonomía financiera, ¿Qué quiere decir esto?, que trabajará con los recursos que obtenga, entonces, cómo hará cuando tenga que dar subsidio al agua, bueno, pues le va a ser difícil, porque esto se trata de inversiones millonarias, son cantidades considerables. ¿Cómo lo hará una entidad autónoma financiera?”.
“Y teniendo a San Salvador con un sistema de tuberías subterráneas en colapso, es imposible que den agua limpia. Hagan la prueba, recojan agua de ANDA, déjenla una semana así y luego toquen el fondo del recipiente y encontrarán sedimentos, entonces, si bebemos de esa agua ¿A dónde creen que van ?, si a los riñones, por eso allí andamos con insuficiencia renal.
Sobre el artículo 18 de la Ley del Recurso Hídrico, el ambientalista opinó que la participación social, se encuentra en entre dicho, al señalar que si bien habrá un representante de la sociedad civil organizada y un representante de la academia (universidades), no se ha reflexionado que más adelante se establece que será el presidente Nayib Bukele quien nombre a los representantes, que consideró serán “obviamente los que le caen bien”, entonces, aleja la posibilidad de la transparencia y rendición de cuentas.
“Pensemos, si la ASA no funciona bien, ya sea porque da agua contaminada, no le da agua a todos, tiene que deforestar mucho o dar mucha agua a otras empresas para sacar dinero, pues se convierte en otro problema, al quedar en el imaginario colectivo que no funciona bien porque es público y entonces, mejor privatizarlo para que trabaje bien. Noam Chomsky ha dicho cuidado con las autónomas que las hacen funcionar mal para privatizarlas, y no digo que el gobierno tenga esa intención, pero creo que la ignorancia y la tendencia privatizadora es tendencia”, sostuvo Navarro.
Asimismo, calificó de arbitrario el artículo 61, del anteproyecto de la Ley Recurso Hídrico, al considerar la extensión de los permisos del uso del agua, el primero de 473,040 metros cúbicos de agua por año, con una vigencia de 15 años. Y el segundo, con vigencia de 5 años, para usos menores, ya que podría generar abusos.
“Ni siquiera la han redactado bien, eso de 15 años es arbitrario, he escuchado que otras asociaciones han dicho que lo bajen a cinco y la empresa privada ha dicho 10 años; pero todo eso es arbitrario. Porque no puede ligar un suministro de agua, sino, no sabe qué va a pasar a futuro. Se imaginan ¿Qué harían con una gran sequía?, no pueden hacer eso, deben relacionar el tiempo de suministrar agua a la disponibilidad del acuífero”, puntualizó.
