Alma Vilches
@AlmaCoLatino
Juan Antonio Durán, juez de Sentencia, señaló que este gobierno está construyendo un modelo de país para los extranjeros o salvadoreños con un alto nivel adquisitivo, pero no para la gente pobre que es la mayoría.
Externó que la realidad por la cual atraviesa la gente es producto de una injusticia estructural del país, de un modelo económico excluyente, sin embargo, este gobierno tiene todo el poder y no está haciendo nada por la población más pobre.
“Se ha construido una mentira que aquí vivimos en democracia, y que la gente vive feliz, pero al ciudadano le expropian todo y de un día para otro militarizan sus negocios, o al ciudadano que lo están obligando a vender sus inmuebles en el centro, porque no tiene más opción que tomar la cantidad de dinero ofrecido, y se ve en la necesidad de vender”, aseguró.
Según Durán, son secretos a voces, que están extorsionando a la gente para vender esos inmuebles que heredaron desde hace años de sus abuelos, o los compraron y quieren dejarles de patrimonio a sus hijos.
“La gente a qué institución puede acudir si el mismo gobierno o agentes estatales están obligando a vender, les está cerrando sus negocios y los han desplazado de sus zonas donde vivían o ejercían el comercio. Están ocurriendo cosas que tienen un enorme peso simbólico, como la utilización del Palacio Nacional, como si fuera un salón de eventos para una boda”, dijo en el espacio Encuentro con Julio Villagrán.
Lamentó que el país atraviesa una grave crisis de Estado de derecho, la cual se traduce en violaciones a los derechos de las personas y a la vida, se han producido una gran cantidad de asesinatos en las prisiones y una serie de manipulaciones arbitrarias de procesos. El país vive una “dictadura”, no hay separación de poderes y el Ejecutivo ha cooptado a todos los órganos de gobierno.
Además, sostuvo que el gobierno tiene tomadas todas las instituciones, el Ejército, la Policía, la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), no hay separación de poderes, aunque las instituciones estén operando de manera formal o sustancial; la premisa de la dictadura y eliminación del Estado de Derecho, la separación de poderes e independencia judicial, se traduce en la práctica, en una afectación al debido proceso y al derecho de defensa en juicio.
Asimismo, recalcó que el gobierno ha manipulado las instituciones, las leyes y logró la reelección inconstitucional con un “fraude electoral”, que permitió la abrumadora mayoría en la Asamblea Legislativa. El reporte de la OEA detalla una serie de irregularidades en las elecciones, como el sistema informático con muchos votos y cero actas procesadas o escrutadas.