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Alexander Pineda
Yaneth Estrada
@caricheop
“Se está trabajando de forma transparente y será la Corte de Cuentas de la República y la Comisión Internacional Contra la Corrupción en El Salvador, quienes informarán oportunamente”, declaró el ministro de Salud, Francisco Alabí, ante una segunda denuncia en el Tribunal de Ética Gubernamental por “presuntos” actos de corrupción.
La abogada Daniela Genovez presentó este lunes una denuncia ante el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) en contra del ministro de Salud, por infracción al deber ético, luego de que una publicación periodística revelara que una empresa propiedad de la familia de Alabí se adjudicó un contrato estatal.
La denunciante dijo esperar que la instancia resuelva con base en los hechos, que a su criterio constituyen un conflicto de intereses, lo que infringe el artículo 5 de la Ley de Ética Gubernamental.
“Esta es una acción que estamos realizando para garantizar que la corrupción ya no se siga dando, no es posible que se esté utilizando el tema del COVID-19 para favorecer a los familiares de los funcionarios”, dijo la denunciante,
El pasado viernes 10 de julio, un reportaje de la revista Gato Encerrado evidenció que el titular de Salud firmó en abril pasado un contrato por $225,000 para la compra de 26,000 pares de botas de hule a Autodo S.A. de C.V., una empresa cuya junta directiva está constituida por una tía política y tres primos del funcionario.
“Pedimos al TEG que sancione, el tribunal va a determinar la cuantía dependiendo de los ingresos que haya tenido el funcionario o sus familiares que hayan participado en la cuestión. El tribunal tiene criterios específicos para determinar la sanción a imponer en caso de ser responsable”, manifestó Genovez.
Según un revista digital, en la orden de compra número 133/2020, aparece la firma del ministro Alabí y la de Celina Quiñónez, quien es presidenta y representante legal de una empresa que se dedica a vender repuestos para vehículos.
Celina, es la tía política de Alabí y madre de sus primos hermanos: José Ángel, Gonzalo y Violeta Montoya Quiñónez. Todos ellos también aparecen como miembros de la junta directiva de la empresa, según el Centro Nacional de Registros.
Mientras que, de acuerdo a la denuncia interpuesta este lunes, en esta compra, “el ministro infringió el deber ético de excusarse a intervenir en asuntos donde tenga conflicto de interés por familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad”.
Cabe recordar que el 22 de junio pasado, el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (Alac-Funde) interpuso otra denuncia contra el ministro de Salud, Francisco Alabí, por no informar que un funcionario público estaba aspirando a ser contratado por el Estado. Esta fue por firmar la compra de caretas protectoras por un monto de $250,000 a través de su empresa INSEMA S.A. de C.V. propiedad de Jorge Aguilar en ese momento, presidente del Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES), por lo que cual destituido de su cargo.
Las contrataciones no son permitidas a funcionarios o sus empresas, de su cónyuge o de familiares hasta el segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad, de acuerdo a Ley de Ética Gubernamental y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), por lo tanto esto sería un delito.
Francisco Alabí asumió el cargo como ministro de Salud el 28 de marzo, luego de la destitución de Ana Orellana Bendek, luego de ser interpelada en la Asamblea Legislativa, por declarar en conferencia de prensa, que “el agua color marrón y con mal olor era consumible para la población”.
Fue así, como tras una grave crisis hídrica en el Gran San Salvador, los diputados de ARENA y FMLN, concluyeron que la entonces la ministra de Salud demostró “incapacidad” para el cargo, por lo que manifestaron que podrían recomendar al presidente Nayib Bukele que la destituya o ella debería renunciar.
