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San José / AFP
El diálogo entre el gobierno y los sindicatos del sector público para levantar una huelga iniciada hace más de dos semanas se empantanó, con acusaciones mutuas de intransigencia entre las partes, que se preparan para volver a conversar el martes.
La quinta sesión de diálogo, celebrada el lunes con mediación de la Iglesia católica, concluyó cerca de la medianoche con recriminaciones y lejos de un acuerdo para suspender el paro de labores iniciado el 10 de setiembre contra un proyecto de reforma fiscal en discusión en la Asamblea Legislativa (parlamento).
El ministro de Trabajo, Steven Núñez, quien encabeza la delegación gubernamental, acusó al bloque de sindicatos del sector público de rechazar la ruta trazada con apoyo de la iglesia para iniciar negociaciones sobre la reforma fiscal.
«La ruta buscaba aprovechar el plazo que concede el trámite (de la reforma fiscal) para instaurar una mesa de diálogo en donde se lleguen a acuerdos en temas fiscales que se materializaría en decretos, directrices, reglamentos y otras medidas administrativas», señaló el gobierno en un comunicado divulgado en la madrugada del martes.
Insistió en que para tal negociación, los sindicatos debían suspender la huelga, que ha provocado bloqueos de carreteras, suspensiones de clases en colegios y escuelas, y trastornos en los servicios de hospitales y clínicas estatales.
«A pesar de los esfuerzos del gobierno por llegar a consensos, los sindicatos dieron un rotundo no a esta ruta de diálogo y entendimiento», señaló el comunicado oficial.
En el mismo tono, la coalición sindical sostuvo en un comunicado que «el gobierno no fue capaz, hasta la fecha, de concretar acuerdos».
«Dada la falta de voluntad política y el limitado margen de decisión de la delegación gubernamental, hemos considerado darle el espacio de ir a conversar con sus superiores y socios parlamentarios, para que analicen a fondo los diferentes escenarios técnicos aportados por nuestra representación», agregaron los sindicatos.
Los representantes de los trabajadores propusieron invitar a la mesa de diálogo a los jefes de las fracciones legislativas para que participen en la negociación de una nueva reforma fiscal.
La reforma busca contener un creciente déficit en las cuentas públicas que alcanzó 6,2% del Producto Interno Bruto (PIB) el año pasado, y llegará a 7,2% del PIB este año sin el plan, según el Banco Central.
Los sindicatos reclaman que el proyecto en discusión es oneroso para los sectores de menores ingresos, aunque el gobierno argumenta que 80% de los nuevos tributos recaerían sobre el 20% más rico.
