Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
El ex concejal de la Alcaldía de San Salvador, Héctor Silva, dijo en el espacio de entrevista de TVX que ahora cualquier ciudadano que se atreva a cuestionar a un funcionario que tenga poder “corre el riesgo de ser criminalizado”. “Se me impuso la condena más severa posible y se me impone una responsabilidad civil de 50 mil dólares”, agregó Silva.
El exconcejal fue condenado por presunta difamación y calumnia en contra del diputado de Nuevas Ideas, Christian Guevara, a quien se le relacionó a una empresa que obtuvo un millanario contrato con la alcaldía de San Salvador.
Los días 10 y 11 de agosto de 2023, Héctor Silva expresó, en los programas de entrevista Pulso Ciudadano y Radio Fuego, que el diputado Christian Guevara “ha estado recibiendo contratos de publicidad por cientos de miles de dólares por parte de la Alcaldía de San Salvador”.
El juez, al valorar todas las pruebas, entre ésta una evaluación técnica de parte de la Alcaldía de San Salvador a la empresa Sociedad Media Latam Group, hacía constar que dicha empresa presentó “ideas innovadoras” y se apegaba a los requisitos, por ello fue la ganadora. Además, en dichas ofertas la jueza no encontró el nombre del diputado ni de su esposa.
Por ello, la jueza lo condenó a pagar al Estado de El Salvador $2,798.48 por haber cometido el supuesto delito antes mencionado. También, lo condenó a pagar a la víctima 50 mil dólares en concepto de reparación del daño moral recibido y a que le de unas disculpas públicas. Mientras no pague la condena, Silva no podrá gozar de los derechos de ciudadano.
“Se me impuso la condena más severa posible y se me impone una responsabilidad civil de 50 mil dólares”, recordó Silva en el espacio de entrevista de TVX. El ex consejal sostuvo que fue condenado “en un proceso que ha sido absolutamente irregular desde el principio, hubo una audiencia en la que se me obligó a participar con defensores públicos porque no se me dio tiempo para escoger una defensa de mi elección”.
Según explicó Silva, los ciudadanos no se deben sorprender que en los próximos meses o años cuando un ciudadano que se atreva a cuestionar a un funcionario por sus negocios, actitudes o lo que sea se pueda utilizar la sentencia como precedente para criminalizar a esta persona.
“Se ha ido deteriorando la posibilidad que la ciudadanía tiene de irse expresando, pareciera que aquellos que defendemos la verdad somos castigados y aquellos que son cuestionados son protegidos”, sistematizo Silva.