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Los 100 millones de dólares destinados a seguridad y que fueron frenados por la medida cautelar de la Sala de lo Constitucional buscaban equipar a la Policía Nacional Civil (PNC) con tecnología, buy viagra informática y chalecos antibalas, viagra informó el Secretario de Comunicaciones de la Presidencia, view Eugenio Chicas.
“Para 8 mil soldados sólo existen 50 chalecos antibalas y se esperaba que esta situación fuera resuelta con esos fondos”, afirmó el funcionario durante la entrevista El Salvador Ahora que transmiten Televisión de El Salvador (TVES) y Radio Nacional.
Respecto a los recientes ataques hacia elementos de seguridad, el funcionario dejó en claro que continuarán en los esfuerzos contra los grupos delictivos.
“Ellos pretenden con esta guerra arrodillar al Estado, conminar al Estado en aceptar sus reglas de libertad territorial, pretenden que Estado les deje libres sus territorios, el gobierno ha respondido disputando el control de los territorios y eso es lo que ha tenido como respuesta estos hechos criminales”. El secretario Chicas llamó en este marco a la Sala de lo Constitucional a que recapacite en cuanto a la medida cautelar, ya que estos fondos servirían para apoyar las fuerzas de seguridad del país.
Los 100 millones de dólares también serían orientados a fortalecer los sistemas de video vigilancia de la PNC. El funcionario detalló que actualmente la corporación cuenta con cerca de 200, cifra que se esperaba incrementar con un proceso de articulación de cámaras de las empresas privadas.
De acuerdo al funcionario, se debe llevar tecnología a la PNC para el combate de la violencia y para ello es necesario que se liberen los recursos para desplegar planes operativos y preventivos.
Además, Chicas señaló que entre los Órganos de Estado debe existir cooperación y la única manera de combatir la violencia es uniendo sus labores.
También criticó al sector de empresarios que han emitido una demanda por la publicación de la lista de personas que deben al FISCO y que con esa actitud indican que prefieren que los programas sociales dirigidos a personas de escasos recursos sean eliminados en lugar de pagar su deuda al Estado.
