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Bogotá / AFP
Los colombianos reactivaron el martes las protestas contra el gobierno de Iván Duque con marchas y bloqueos de vías en ciudades como Bogotá, donde se produjeron enfrentamientos que dejaron tres policías lesionados.
La movilización, que incluye un «cacerolazo nacional» en horas de la tarde, comenzó desde tempranas horas en varios puntos de la capital colombiana, donde hubo interrupción del tráfico y enfrentamientos esporádicos con la fuerza pública.
«Hemos tenido ocho puntos de bloqueos», dijo a la prensa el secretario de gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez.
Según el funcionario, el «punto crítico» de las protestas se concentró en un portal o estación del sistema de transporte masivo TransMilenio, en el noroccidente de la ciudad, donde la fuerza antidisturbios intervino con gases lacrimógenos para restablecer la movilidad.
«A pesar de la buena intención de muchos de los manifestantes de restablecer la movilidad (…), unos pocos violentos insistieron», comentó Gómez a W Radio. Tres policías resultaron «lastimados», añadió.
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en funciones desde el 1 de enero, fijó un protocolo para evitar la violencia durante las movilizaciones que prevé una instancia de diálogo antes de activar un uso progresivo de la fuerza policial.
En capitales departamentales como Cali, Medellín y Barranquilla también se convocaron marchas dentro de la primera jornada de descontento social de 2020.
– Rechazo a espiral de violencia –
El movimiento de protesta, que movilizó multitudes a finales del año pasado, volvió a las calles después de la temporada de vacaciones, con un amplio pliego de peticiones que exigen un cambio de rumbo al gobierno conservador que se instaló en agosto de 2018.
Además de cuestionar la política económica, los líderes de los manifestantes denuncian la espiral de violencia que envuelve a los activistas de derechos humanos y líderes sociales desde que se firmó en 2016 la paz con las FARC, la antigua guerrilla convertida en partido político.
Al menos 107 activistas fueron asesinados en 2019, según la ONU, que verifica otros 13 casos. La mayoría de muertes ocurrieron en zonas donde operan grupos armados involucrados con el narcotráfico. Naciones Unidas también ha alertado sobre el asesinato de 173 excombatientes rebeldes que depusieron los fusiles.
«A nadie le puede costar la vida defender una posición política o defender una causa social, y por eso es que consideramos que esto es muy importante dentro de nuestras exigencias», señaló a la prensa la dirigente universitaria Jennifer Pedraza.
Convertido en el blanco del mayor descontento social que haya enfrentado gobierno alguno, Duque lanzó una iniciativa para conversar con los diferentes sectores sociales, pero el movimiento que aglutina a parte de ellos reclama una negociación directa.
«Desde el 21 de noviembre (cuando iniciaron las manifestaciones) acá, el gobierno se ha aferrado a una posición en la que una palabra que se llama negociación, se le volvió prohibitiva», criticó el líder sindical Diógenes Orjuela.
De su lado, Duque rechazó la «violencia» contra la fuerza pública. «Esos actos contra la fuerza pública, esas agresiones, también obligan a que tengamos capturas y sanciones ejemplarizantes», advirtió.
Al mismo tiempo defendió el «ejercicio de conversación nacional» que sostiene su gobierno.
«Queremos escuchar a todos los sectores para que pasemos a una actitud de propuestas, donde nosotros podamos ir resolviendo muchas necesidades que tiene el país y que vienen de años atrás», dijo.
