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Redacción Transparencia
La Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) mantiene un rezago en el análisis de las auditorías, de las declaraciones patrimoniales, de varios funcionarios y exfuncionarios públicos, y la misma entidad admite la acumulación de trabajo argumentado no contar con los recursos necesarios para ejecución.
Según las actas de Corte Plena del 28 de septiembre, y del 9 y 23 noviembre del año pasado –y que son públicas en el sitio web de la CSJ–, se ha discutido y aprobado la prórroga para ampliar la presentación de pruebas en varios casos.
Uno de los discutidos en Corte Plena el 28 de septiembre de 2017 fue el de Luis Mario Rodríguez, quien ostentó el cargo de secretario para Asuntos Legislativos y Jurídicos de la Presidencia de la República durante el último gobierno de ARENA y contra quien, la Sección de Probidad, inició una investigación, al encontrar irregularidades en sus declaraciones de patrimonio.
Luego de la discusión, ocho magistrados acordaron postergar el análisis de las pruebas de descargo presentadas por el exsecretario presidencial y le otorgaron más tiempo para entregar otros documentos.
En el escrito, a Corte Plena, el exfuncionario solicitaba atender las pruebas que había ofrecido para desvanecer las presuntas irregularidades encontradas en la declaración jurada de patrimonio, presentadas a Probidad, argumentando que las mismas no habían sido retomadas. Los documentos fueron presentados ante la Comisión de Ética y Probidad de la CSJ.
Asimismo, el expresidente de la Asamblea Legislativa Sigfrido Reyes presentó una petición para que le ampliaran el plazo de entrega de documentos a la Sección de Probidad, basando su solicitud en las dificultades de los bancos para entregar la información que él pide para presentar a la instancia.
Con 10 votos de la Corte Plena del día 9 de noviembre del año pasado, se le concedió a Reyes 90 días de prórroga, para que pueda documentar su declaración patrimonial.
En el caso de Marina de Jesús de Torrento, exconcejal del Consejo Nacional de la Judicatura, quien ejerció este cargo entre agosto de 2011 a agosto de 2016, la Corte Plena resolvió, el 23 de noviembre, que no hubo indicios de enriquecimiento ilícito. Para esta resolución votaron 13 magistrados.
Siempre el 23 de noviembre los magistrados analizaron el caso del expresidente del Consejo Nacional de la Judicatura Tito Edmundo Zelada, y acordaron dar un plazo de 30 días para que este presentara las pruebas para respaldar su declaración patrimonial, en un inicio este solicitó un plazo de 60 días, pero no se le concedió.
Otro caso analizado ese mismo día fue el del actual alcalde del municipio de La Unión Ezequiel Milla Guerra, quien pidió un plazo superior a los 90 días para evacuar las observaciones hechas por Probidad, pero únicamente le concedieron el tiempo estipulado. Fue autorizado con 12 votos de los magistrados.
También, el 23 de noviembre el exdiputado Antonio Escobar Rosa solicitó un plazo de 90 días para poder entregar las observaciones requeridas por Probidad, pero únicamente se le concedieron 60 días para que subsane los vacíos en la declaración de patrimonio. 11 magistrados votaron por la petición de Escobar.
Estos son algunos de los casos en los que se evidencia el retraso que hay en las auditorías patrimoniales, tomando en cuenta que son más de 376 funcionarios y exfuncionarios que están siendo auditados por Probidad.
Entre los casos que ya pasaron por un juicio de enriquecimiento ilícito son los del exsecretario Privado Elmer Charlaix (condenado); el exdirector del ISSS Leonel Flores (condenado); el exdiputado Reynaldo Cardoza (absuelto); y el expresidente de la República Mauricio Funes, quien fue condenado pero apeló la decisión de la Cámara en días recientes.
También, continúan en este mismo proceso los juicios contra el expresidente de la CSJ Agustín García Calderón; el expresidente de la República Elías Antonio Saca; el exfiscal general Luis Martínez; el expresidente del INDES Jaime Rodríguez; el alcalde de Olocuilta Marvin Rodríguez; el exjuez Enrique Beltrán; y el exdiputado de la Asamblea Legislativa Douglas Avilés.
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