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Con el objetivo de dar seguimiento a las acciones que el gobierno realiza en el combate a la delincuencia y la disminución de la violencia, thumb el presidente Salvador Sánchez Cerén se reunió con los presidentes de los órganos Legislativo y Judicial, y ministros del gabinete de seguridad y otros funcionarios relacionados al área.
La reunión se realizó como una iniciativa del Presidente Sánchez Cerén, para articular y coordinar con las más altas autoridades de las instituciones del Estado el abordaje de la inseguridad.
“Para el Ejecutivo, el tema de seguridad es una prioridad, vamos a abordar los retos que tenemos y cómo vamos a dar cumplimiento a lo planteado en materia de seguridad en el Plan Quinquenal”, expresó el mandatario, durante el encuentro en el que se discutieron aspectos concretos referidos a esta problemática social.
En la reunión participaron, el presidente de la Asamblea Legislativa, diputado Sigfrido Reyes; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Armando Pineda Navas; el fiscal general de la República, Luis Martínez; el viceministro de Justicia y Seguridad, Juan Javier Martínez; el ministro de Gobernación Arístides Valencia, y el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Ramírez Landaverde.
Además, el secretario Privado de la Presidencia, Manuel Melgar; el secretario Técnico y de Planificación, Roberto Lorenzana, y el secretario de Gobernabilidad y Comunicaciones, Hato Hasbún, quien es también coordinador del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia (CNSCC).
Durante el encuentro se analizaron aspectos vinculados al proceso para alcanzar acuerdos de país en materia de seguridad.
Del mismo modo, se abordó el trabajo “constante y articulado” que debe existir entre los tres órganos del Estado para combatir la delincuencia y vencer el clima de inseguridad.
De igual manera, los funcionarios discutieron sobre los planteamientos establecidos por el Consejo Nacional de Seguridad, presentes en el “Plan El Salvador Seguro”.
Es de recordar que dicho plan recoge una serie de acciones para enfrentar la violencia y la criminalidad y garantizar el acceso a la justicia y protección a víctimas.
