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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
El Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía Municipal de Cuscatancingo (SETRAMUC) denunció la captura injusta, bajo el Régimen de Excepción, de la secretaria general, Dolores Almendaris Alvarado, madre soltera, quien es cabeza de hogar, con 6 hijos menores de edad entre ellos uno con discapacidad, que dependen de ella porque es quien lleva el sustento diario al hogar. Los miembros del SETRAMUC demandaron la pronta liberación de la líder sindical y exigieron al gobierno que detenga los abusos de autoridad cometidos con el Régimen de Excepción, capturando a personas inocentes, donde no se les da el derecho de audiencia y tampoco a la defensa por parte de un abogado.
“Queremos que paren las arbitrariedades que se están dando en el país, se están llevando a gente inocente, a madres que son el sustento de su familia, como sindicato tenemos miedo de lo que pueda pasarnos, porque no somos pandilleros ni tenemos vínculos con esos grupos. Queremos que paren las detenciones injustas”, enfatizó una representante del sindicato. Entre tanto, el Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa (SITRAL) se solidarizó con los miembros de SETRAMUC y la familia de Almendaris, quien en su labor sindical ha procurado el respeto de los derechos laborales. “Condenamos la arbitrariedad con la que fue capturada Lolita, omitiendo sus derechos fundamentales, condenamos cualquier acto que atente contra la integridad física y emocional durante su tiempo de captura, exigimos su pronta liberación”, expresó la junta directiva de SITRAL. El gobierno informó que desde el inicio del Régimen de Excepción, el pasado 27 de marzo, han capturado 25,757 personas acusadas de agrupaciones ilícitas y otros delitos. Las organizaciones defensoras de derechos han denunciado que agentes de autoridad llevan a cabo las capturas sin un proceso de investigación previo, el cual vincule a las personas con el cometimiento de delitos, pues es necesario cierto nivel de certeza en la participación de un delito respecto a las personas capturadas.
No hay ningún respeto al debido proceso, incluso las personas con problemas de salud no están siendo atendidas, por el contrario, puede entenderse que el propio Estado atenta contra sus vidas al no proporcionarles mecanismos adecuados para que, a pesar de la detención, puedan recibir sus medicamentos o en su caso, cumplir con el derecho a la salud de las personas detenidas, lo anterior constituye una obligación en razón de la relación especial de sujeción existente.
