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Henry Flores | @HenryFloresTV
“Con mucho gusto daré mis recomendaciones. Por supuesto, click que la actual Ley de Enriquecimiento (Ilícito) debe reformarse porque está desfasada y data de 1959. Veo viable un nuevo proyecto de Probidad”, purchase aseguró el titular de transparencia de Casa Presidencial Marcos Rodríguez.
Sin embargo, Rodríguez señaló que ve una nueva Ley de Probidad “en el marco de un pacto nacional de integridad que incluya otras leyes que promuevan la transparencia, en el pago de impuestos, en sector privado, en oenegés y en otros sectores”.
“Considero que la Ley de Probidad es uno de los pasos para seguir avanzando en la lucha del fortalecimiento de la institucionalidad salvadoreña contra la corrupción y contra la impunidad, por lo tanto vale la pena ver la ley. Hay que ver propuestas concretas del marco jurídico para que hay menos impunidad y más transparencia”, afirmó Rodríguez.
Dijo que hay que aprovechar los impulsos en transparencia, que se han dado gracias a la Ley de Acceso a la Información Pública y que llevó a la creación del Instituto de Acceso a la Información Pública.
“Los casos de corrupción están siempre vinculados entre distintos sectores del Estado y la sociedad”, señaló.
Luego que GANA propuso al Secretario de Participación y Transparencia para que diera sus valoraciones sobre el anteproyecto de ley de Probidad, ARENA recomendó que también se invite a Roberto Rubio, director ejecutivo de FUNDE y, a Claudia Umaña, de la fundación DTJ.
La actual ley faculta a la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia para solicitar el listado de funcionarios de las instituciones públicas obligados a declarar, sin embargo, las entidades gubernamentales, autónomas y municipales no reportan a todos los servidores públicos que deben presentar su declaración de patrimonio, según el director de Probidad, Carlos Pineda.
Este hecho ha dificultado conocer el universo de total de los titulares y puestos de dirección obligados a cumplir con este requisito.
La enmienda a este vacío está contemplado en la nueva propuesta de ley que, entre otras cosas, cambiaría los montos de las multas pasando de colones a dólares e incrementado la cantidad que deberán pagar los infractores. La actual normativa establece multas de hasta 5,000 colones.
La propuesta establece sanciones tasadas en el actual salario mínimo y pueden llegar a un máximo de $26,000, además puede inhabilitar al funcionario para ejercer cualquier otro cargo público.
En el actual gobierno, el 100% de los titulares del órgano Ejecutivo cumplieron con su declaración patrimonial en el tiempo estipulado ante la Sección de Probidad, siendo la primera vez en la historia del país.
El anteproyecto que estudia la comisión legislativa establece, además, que el funcionario público luego de finalizar su función realice su declaración de patrimonio por los siguientes nueve años en intervalos de tres, es decir, que estará actualizando su estado patrimonial cada tres años
“Estamos claros que ningún ilícito de corrupción va a salir durante el ejercicio de la función del servidor público. Es mentira. Todos los ilícitos salen después a luz”, explicó el director de Probidad.
Dentro del contenido también se contemplan una especie de aspectos como, por ejemplo, si un funcionario vende o compra un inmueble, de igual manera si ha obtenido una variación de un 20% de su patrimonio líquido o si modifica su estado civil. Si ha hecho alguna de estas acciones está en la obligación de realizar su declaración por los bienes adquiridos, con lo cual se determinaría como han sido las variaciones en el nivel de ingresos de los servidores públicos.
