Oscar López
@Oscar_DCL
El Secretario General del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Oscar Ortiz, afirmó que se orientó a los diputados del grupo parlamentario del partido de izquierda a que la Ley Especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional debe ser consultada con las víctimas para garantizar el derecho la verdad, a la justicia y a la reparación.
“Hemos instruido a través de nuestro partido a nuestros diputados y diputadas no acompañar ninguna iniciativa que no tenga la participación completa especialmente de las comunidades principalmente afectadas y de todas aquellas víctimas relacionadas”, manifestó Ortiz, durante la conmemoración del 39 aniversario de la masacre ocurrida en el cantón El Carrizal de Nahuizalco, Sonsonate.
En ese lugar, 37 personas fueron asesinadas, el 13 de julio de 1980, por lo que el máximo dirigente del FMLN, expresó que es importante pedir perdón a todas las familias del país afectadas con estos hechos.
“Cualquier legislación aprobada a futuro debe llevar el reconocimiento de los hechos, no sólo el reconocimiento, sino el conocimiento de la verdad”, dijo.
Ortiz, además, destacó que, “debe haber reconstrucción moral y material de las comunidades, el tema implica generar un fondo especial que permita reconstruir las comunidades en todo aquello que se considere prioritario”.
El representante de la izquierda salvadoreña explicó que los diputados del FMLN ya empezaron a trabajar con las víctimas, la jefa del grupo parlamentario, Nidia Díaz ya se reunió con familiares de las víctimas de la masacre del Sumpul, el partido de izquierda además espera escuchar a otros sectores nacionales para la elaboración de dicha ley.
Sobre la discusión y aprobación de la referida ley, es de mencionar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó a la Asamblea Legislativa suspender el trámite legislativo que le ha estado dando a la denominada Ley Especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional.
Además, la CIDH le dio un plazo al Estado salvadoreño hasta el 14 de junio de 2019 para que brinde un informe sobre el avance del cumplimiento de su decisión, “a fin de que el pleno de la Corte Interamericana cuente con mayores elementos para pronunciarse sobre esta solicitud de medidas provisionales”.