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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
Conan Castro -secretario jurídico de la Presidencia de la República- calificó como “abusiva” la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en la que ordena a Nayib Bukele, presidente de la República, sancionar a la brevedad posible el Decreto Legislativo 661 que contiene la Ley Especial Transitoria de Atención de Emergencia por la Pandemia del COVID-19
El funcionario aseguró que la sentencia de la Sala restringe la facultad de veto que posee el presidente Bukele por lo que aseveró se trata de una decisión politizada.
“Se vuelve abusiva porque la Sala al pretender declarar inconstitucional el uso del veto está evidentemente politizada. No puede ser restringido por ningún órgano, el veto es una de las mayores facultades que tiene el presidente, es un abuso”, sentenció Castro.
En su resolución, los magistrados de la CSJ recomendaron al Ejecutivo no producir vetos por aspectos ya resueltos por ese tribunal; es decir, asuntos ya dirimidos por la Sala de lo Constitucional. El secretario jurídico sostuvo que la sentencia del máximo tribunal de justicia es ineficaz e ineficiente ya que las fechas estipuladas por la normativa contenida en el decreto legislativo 661 están desfasadas; además, urgió a los diputados aprobar la incorporación al presupuesto ordinario del Estado de fondos por $250 millones provenientes del crédito adquirido con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Castro, a la vez, señala que la resolución se da a conocer en el contexto en que se destapa la “suciedad de un partido donde el expresidente ha sido requerido por la justicia” e indicó que a pesar de no estar de acuerdo con la misma, el decreto 661 será sancionado por la Presidencia.
Respecto a la resolución de la Sala de lo Constitucional; Cristina Cornejo -diputada del FMLN- reconoció que algunos artículos del decreto 661 se desfasaron; sin embargo, señaló que esto response a la tardanza del Ejecutivo al enviar el documento a la CSJ.
“No vamos a atrasar más las fechas que ya están establecidas. No haremos nada que afecte los planes de la población, no vamos a tomar decisiones que ya no se pueden tomar”, dijo la legisladora.
La parlamentaria, además, se refirió a la recomendación que los magistrados hicieran al presidente Bukele que, según la Constitución de la República, de no acatarlas incurriría en un delito penal y responsabilidad civil.
Los legisladores remarcaron que la resolución de la Sala de lo Constitucional dice al Ejecutivo que sea responsable dentro del proceso de formación de ley; asimismo, señalaron que las reformas al 661 para adecuar las fechas de la reapertura económica podrían efectuarse hasta que la Presidencia de la República sancione y publique dicho decreto.
