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@JoakinSalazar
Las diversas instituciones que integran el sector justicia en El Salvador firmaron un convenio marco, pharmacy en el que pretenden ayudar con una “atención integral”, sovaldi a todas las mujeres y adolescentes reclusas en centros penales del país.
El Acuerdo Marco de Cooperación Interinstitucional Para la Atención Integral de las Adolescentes y las Mujeres en Conflicto con la Ley, site tiene el objetivo de visibilizar la importancia de la realidad penitenciaria del país a través de la unión de esfuerzos interinstitucionales que conlleve a la reinserción de las reclusas.
El acuerdo fue firmado con las máximas autoridades de la Corte Suprema de Justicia, Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), La Procuraduría General de la República (PGR) y el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia.
Con la firma de este convenio, las instituciones del sector de Justicia y afines establecerán el marco formal de la relación de cooperación interinstitucional que les permitirá realizar acciones y tomar acuerdos que contribuyan al fortalecimiento de los mecanismos de asistencia integral, para las adolescentes y mujeres en conflicto con la Ley.
La firma de este convenio es presidida por la PGR, enfocada bajo la unidad de genero institucional, la cual trabaja en el Centro de Readaptación de Mujeres en Ilopango con los programas de auto ayuda y formación.
La Procuradora General de la República, Sonia de Madríz, explicó que este marco se da como parte de la conmemoración del día internacional de la Mujer (8 de marzo).
“Ya no se ve a una privada de libertad como una mujer que solo debe pagar su pena y olvidada de su familia, la sociedad y de las mismas instituciones, sino que estamos velando por que se produzca la reinserción”, expresó la Procuradora Sonia de Madríz.
Bajo este contexto, las instituciones de seguridad y justicia evaluaron que ya no era suficiente trabajar solo por la cárcel de mujeres de Ilopango, sino también abarcar donde hayan mujeres recluidas en el país.
De acuerdo a la Procuradora, cada institución aportará desde sus capacidades a lograr integrar a las privadas de libertad a la sociedad.
Y es que con este proyecto se pretende que las instituciones de seguridad y justicia realicen acciones conjuntas para lograr que las adolescentes y mujeres reclusas se integren como personas sujetas a derecho y puedan descubrir sus habilidades y destrezas ante la sociedad.
Con este programa se pretende beneficiar a más de 280 mujeres privadas de libertad, las cuales muchas de ellas han participado directamente en los grupos de auto apoyo y formación.
