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Mirna Jiménez
Diario Co Latino
El expresidente de la República, mind ampoule Mauricio Funes, and atribuyó a sectores de derecha oligárquica la implementación de una estrategia mediática que pretende “ocultar una negociación ilícita” en referencia al contrato que buscaba otorgar a la empresa italiana Enel el monopolio de la explotación geotérmica en el país.
Funes explicó que la campaña, cialis a la que se han sumado medios de comunicación, “supuestos analistas”, entidades ligadas a esa derecha y al partido ARENA, no obedece a que estos sectores consideren que los acusados son inocentes, sino que buscan evitar que se profundice en la verdad.
“Lo que estos señores quieren ocultar es una operación de despojo, y privatización encubierta de un activo estratégico como es la generación de energía geotérmica, que fue fraguada desde la presidencia de Calderón Sol, ejecutada por el expresidente Francisco Flores bajo, la presidencia de Guillermo Sol Bang”, advirtió.
Afirmó que los grandes medios de comunicación se han dedicado a entrevistar a “supuestos analistas que, curiosamente, solo han llegado a defender a los imputados” y solo dicen que existía una ley que permitía la venta de ese bien estratégico del Estado, pero nunca mencionan que con dicha acción se violaban principios plasmados en la Constitución de la República.
También el expresidente se refirió a una publicación institucional de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) que secundaba a los sectores que califican el proceso como “persecución política”. Funes manifestó que “es un editorial del que nadie (en la universidad) se hace cargo”.
Afirmó el exmandatario que para él “fue una sorpresa lo de la UCA”, en referencia al editorial donde la institución educativa defiende a los procesados en el caso CEL/Enel y acusa a su gobierno de no haber desactivado un mecanismo poco transparente de utilización de recursos del Estado a través de la empresa INE.
A manera de respuesta, Funes afirma que los fondos que se generaron a través de LaGeo y pasaron a la INE fueron utilizados durante su Gobierno para subsidiar la energía eléctrica a miles de familias que consumen menos de 200 kilowats en sus viviendas y no tenían nada que ver con corrupción.
El expresidente citó una serie de irregularidades del caso CEL/Enel que los actuales defensores de los imputados y críticos del proceso pretenden esconder, como el hecho de que el exsecretario técnico de la presidencia durante el Gobierno de Francisco Flores, Juan José Daboub, recomendó un precio más bajo al que a los cálculos técnicos establecían, para la venta de acciones de la empresa geotérmica.
Además trajo a cuenta que, casualmente, el contrato entre CEL y Enel fue modificado menos de 24 horas después de haber sido firmado, para dejar establecido el traspaso gradual de la empresa LaGeo a manos de la italiana Enel.
“Es una falta de respeto hacia la fiscalía, hacia la institucionalidad, que los abogados de algunos imputados, como el caso del señor Arturo Muyshondt, o bien el señor Francisco Bertrand Galindo, y diputados de ARENA, digan que la fiscalía ha actuado como si fuera un bufete privado contratado por Casa Presidencial”, señaló el exmandatario.
Funes aclaró que su gobierno lo único que hizo fue alertar poniendo un aviso del contrato y fue el fiscal general quien integró una comisión de tres abogados que durante meses investigaron el caso y llegaron a la conclusión de que habían razones para presentar una acusación formal contra varios exfuncionarios de CEL.
Así también fue la Asamblea Legislativa la que, a través de una comisión que formó, dedujo que se cometieron una serie de delitos en la venta de las acciones de LaGeo, y le recomendó a la fiscalía abrir un expediente.
“En ningún momento mi gobierno, ni este servidor presionamos ni a la Asamblea Legislativa, ni a la fiscalía para que el caso se investigara, ni mucho menos que se concluyera que habían varios delitos que perseguir en este proceso, fundamentalmente el de peculado”, afirmó Funes.
El exmandatario declaró ante los oyentes de su programa Sin Censura, que no existen argumentos para que algunos medios de comunicación y gente de la derecha oligárquica esté diciendo que el caso ha sido fabricado por su Gobierno y mucho menos decir que existe una persecución política en contra de los imputados.
“Las responsabilidades penales fueron establecidas por la Fiscalía en forma independiente e insisto, que luego de concluir una investigación que el Fiscal General le encomendó a un grupo de abogados honorables que presentaron su informe varios meses después que el gobierno hiciera pública su sospechas”, manifestó.
Funes dijo que no es el denunciante quien afecta la imagen de una persona o un partido político, sino las personas que se involucran en los delitos los que afectan la imagen en este caso del partido ARENA, porque casualmente pertenecen a ese instituto político.
“Destapar un probable acto de corrupción, como es el caso de la venta fraudulenta de acciones de una empresa de un Estado para favorecer intereses de un grupo empresarial extranjero, no puede ser visto como un juicio político y menos como una persecución política”, aseveró Funes.
El exjefe de Estado aclaró que como presidente de la República estaba obligado a hacer público algo fraudulento, ya que se juegan intereses del país, porque en la medida que se perdiera la empresa serían extranjeros los que pondrían los precios de la energía generada por LaGeo.
En opinión de Funes, el argumento que por este caso la imagen del país se afectada no deja de ser “ridículo” . “No hay país en el mundo que no enfrenten dificultades o diferencias con contratistas privados, empresas internacionales que participen en procesos de activos que eran propiedad del Estado y justamente porque son frecuentes estas diferencias, es que se creó un centro internacional de arreglos de diferencias al que acuden los demandantes y es precisamente lo que hizo El Salvador”, les dijo Funes a los que tienen ese argumento.
Según el exjefe de Estado, se violó la Constitución de la República y el Gobierno consideró que el haber llegado a un arreglo no detiene el proceso judicial en contra de lo imputados, y la defensa quiere que porque se llegó a un acuerdo las acusaciones deberían de desaparecer, cuestionó.
“Yo esa decisión se la dejo a la justicia, pero debo de comentar que pretender que un delito desaparece solo porque ha habido un arreglo amistoso entre las partes, es tan halado de los cabellos como pensar que porque un violador se casa con la mujer que ha violado para devolverle su honra, no significa que nunca la violó y que debe de pagar por eso”, comparó Funes.
