@RosmeriAlfaro
Para el padre José María Tojeira, director del IDHUCA, las pensiones en El Salvador deben universalizarse, sin embargo, afirmó que hay sectores a los que no les interesa una pensión universal, la cual es necesaria como derecho básico de los seres humanos.
La universalidad es un problema crucial que no debe dejarse a un lado en cualquier decisión que se tome respecto al tema de pensiones ya que es un derecho humano absoluto, señaló, en la presentación de la propuesta de reforma al sistema de pensiones del movimiento popular.
Patricio Pineda, dirigente sindical del Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP) expuso que el actual sistema no responde al costo de la vida. Sin embargo, la propuesta procura darle sostenibilidad al sistema, integrar al sector informal y mejorar las pensiones.
Señaló que la única forma de ampliar cobertura es incorporando a los trabajadores del sector independiente. Según la fuente, esta sería libre y voluntaria, el único requisito para ser incorporado y gozar del incentivo es cumplir con el requisito de asociatividad (sea en sindicatos o asociaciones gremiales o específicamente de previsión y seguridad social).
Todos los fondos serían manejados por el Instituto Nacional Autónomo de Previsión Social (INAPS), creado a partir de la fusión integral de UPISSS y el INPEP. Será una institución pública y autónoma supervisada por una instancia tripartita, con representación del sector laboral, empresarial y gubernamental, no tendrá fin de lucro, estará exento del pago del Impuesto Sobre la Renta y cobrará una comisión de 9.5%. Será 2.5% para cubrir su gasto de funcionamiento y 7% para financiar el incentivo al sector informal y el pago de la pensión no contributiva.
El sistema constará de cuatro componentes, el Fondo Rotativo Solidario y Vitalicio (FRSV), en el cual las personas con empleos formales y cuyos salarios mínimos no sobrepasen dos salarios mínimos del sector comercio y servicios ($600) dejará de cotizar en las AFP y pasará a hacerlo en el FRSV, y el Fondo de Pensión no Contributivo (FPNC) que ampliará de 32,400 que cubre actualmente el programa a 42,400. Otro de los componentes será el Fondo de Ahorro Individual Público (FAIP) en el cual las personas con empleos formales, cuyos salarios sobrepasan los dos salarios mínimos del sector comercio y servicios, solo cotizarán por el excedente de los dos salarios mínimos, pues la cotización por el ingreso hasta 600 dólares irá al FRSV. Los requisitos actuales para acceder a una pensión no cambian, la edad de jubilación se mantendrá en 55 años para las mujeres y 60 para los hombres, al igual que el tiempo de cotización en el sistema, que se mantendrá en 25 años.
La reforma trabajada por SITINPEP, la Concentración Popular por un País sin Hambre y Seguro (CONPHAS) y la Federación de Asociaciones y Sindicatos Independientes de El Salvador (FEASIES) fue presentada el 1 de mayo al presidente de la República Salvador Sánchez Cerén. El Gobierno y la Iniciativa Ciudadana por las Pensiones (ICP) también han presentado su propuesta para solucionar la actual crisis que enfrenta el Estado salvadoreño.
A diferencia de la propuesta presentada ICP, la de la clase trabajadora busca la ampliación de la cobertura del sistema de pensiones al incorporar en un año a 150 mil personas que laboran en el “sector informal”, 50 mil trabajadores independientes, 50 mil asalariados, como mínimo, de este sector y la misma cantidad de propietarios de micros y pequeños negocios.
De igual forma, busca incorporar a 100,000 personas de las 200,000 que aportan al Régimen de Enfermedad, Maternidad y Riesgos Profesionales del ISSS, pero no cotizan al sistema de pensiones.
Julia Aguilar, representante de la Fundación Friedrich Ebert, expresó que esta propuesta de reforma al sistema de pensiones es importante ya que en el actual priman los intereses privados cuando en realidad deberían ser una garantía para los trabajadores y trabajadoras, al final de su tiempo de trabajo.
Subrayó que aunque busca incluir sectores que han estado excluidas en el sistema, aún faltan poblaciones que por las características de su actividad económica no cumplen con requisitos que la propuesta considera.