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Ricardo Olmos
Economista
A los gobernantes de las sociedades actuales les corresponde formular y ejecutar una política económica que permita hacer crecer el producto total, es decir la riqueza nacional, con la idea de propiciar el bienestar general de la población.
En las economías occidentales mayormente prevalece la empresa privada, la que a través del mercado distribuye la producción de bienes y servicios a nivel nacional e internacional, utilizando los precios para vender y consumir esa producción. Cuando aparecen los desequilibrios entre demanda y producción regularmente todos los agentes piden a gritos el apoyo del Estado, tal como sucedió en la más reciente crisis mundial del año 2008. Para enfrentar ese tipo de crisis en la década de los treinta apareció la genialidad de la intelectualidad y los aportes de John Maynard Keynes que se leen en su obra póstuma “Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero”, (Keynes, 1936), alguien que efectivamente generó nuevas ideas para impulsar mayor producción nacional y empleo, otorgándole al Estado la promoción de la política económica monetaria y fiscal que más se adecuara a las necesidades de cada país y de cada economía en particular. Luego de la crisis mundial del 2008 se ha vuelto a reivindicar el papel del sector público como propulsor del desarrollo y de enfrentar la crisis cuando los mercados no logran generar la estabilidad sino que propician pánico y pesimismo en los mismos agentes económicos. Existe un mayor consenso alrededor de este punto, que sin el rol estratégico de la institucionalidad del sector público, es decir del Estado, es imposible orientar la actividad económica para que sirva al crecimiento económico y desarrollo. (Ver Olmos, Ricardo https://www.diariocolatino.com/north-y-el-desarrollo/).
Nuestro país ya no posee política monetaria, por decisión del pensamiento económico más ortodoxo del conservadurismo radical que prevaleció en el país. Y en efecto, cuando comenzó a plantearse el adiós a la política monetaria no se sospechaba el apoyo que esta le ofrece al sistema económico de cualquier país. El Salvador recién salía de la crisis de los ochenta y luego se desencadenaría un nuevo experimento sobre el cual aún no hay consenso, pues fue una decisión que no gozó del apoyo de los partidos políticos que prevalecían en el ámbito institucional del país.
Hace casi 23 años que se discutía por primera vez la conveniencia de eliminar la política monetaria con el proceso de dolarización que se impulsaría ya por el año 2001 con la Ley de Integración Monetaria. Y es que los representantes del Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Central de Reserva (BCR) y el Ministerio de Planificación de El Salvador en reunión sostenida en Washington el 15 de noviembre de 1994, se discutía la aplicación de esa medida con insospechadas consecuencias para la vida económica nacional.
¿Es vigente este tema de discusión o debe de quedarse en el olvido y sin la esperanza que el país vuelva a contar con instrumentos de política monetaria para viabilizar el crecimiento económico de la micro, pequeña, mediana y gran empresa nacional? ¿O no es cierta la potencia de la política monetaria para efectuar políticas sectoriales en el país? ¿Existen estudios técnicos que demuestran la inviabilidad de tener política monetaria en El Salvador? ¿Cuántos ha realizado el BCR?
Se olvidó que estaban en juego las oportunidades que ofrece la política monetaria en el sentido de crear riqueza, es decir de elevar los niveles de producción de cada una de las ramas o sectores productivos; de la oportunidades de tener tasas de interés favorables para la actividad productiva y al control de la inflación, hacerle frente a los shocks externos, en fin de una serie de oportunidades que probablemente sean en términos de beneficios superiores a los costos y riesgos que hay que enfrentar como cualquier país del mundo que posee política monetaria propia.
Las palabras del representante del FMI ese 15 de noviembre de 1994 fueron más que elocuentes cuando afirmó “que El Salvador posee un buen récord de su política económica; reconoció que un país debe de convivir con el régimen de tipo de cambio que más le conforte, y afirmó que los países pueden tener éxito tanto con tipo de cambio fijo como con tipo de cambio flexible”. La experiencia internacional indica que los países que más rápido logran recuperarse económicamente frente a los shocks del entorno internacional son aquellos que poseen regímenes de tipo de cambio flexibles y no como el que actualmente posee El Salvador. Este tipo de debate no puede ser ideológico sino que empírico y que busque el interés nacional.
Muchos se preguntan si debemos seguir amarrados al patrón dólar, o muy por el contrario debemos aprovechar las nuevas oportunidades de nuevos socios comerciales y de esa manera estar abiertos a poseer un numerario que represente a las monedas de los socios comerciales con los cuales comercia el aparato económico salvadoreño. El Salvador no se puede dar el lujo de perder competitividad sin política monetaria frente al resto del mundo. Una economía pequeña sin respaldos fiscales es presa y vulnerable más que otros países del área centroamericana y del mundo. Los problemas estructurales que aún persisten en el país deben de ser enfrentados con la lógica racional de salvaguardar los intereses nacionales y no intereses particulares. No hay que olvidar que la responsabilidad de la institucionalidad del Estado es mostrar que cualquier medida de política es viable o inviable por el nivel de impacto a la sociedad.
La institucionalidad pública tiene el deber y la responsabilidad de mostrar a la ciudadanía qué tanto la inexistencia de la política monetaria y de su secuestro por la élite económica y financiera está afectando al país con menos producción y empleo. Eso servirá para hablar con mayor precisión y transparencia a las generaciones actuales. No se vale que aún permanezca en el olvido uno de los temas centrales que pueden provocar la reactivación de los motores económicos nacionales.
