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Luis Arnoldo Colato Hernández
Educador
Luego del fraude electoral de 1972, o la masacre ante la iglesia El Rosario el 28 de febrero de 1977, e incluso luego de iniciadas las hostilidades de la guerra civil en marzo de 1980, el estado salvadoreño implemento un plan de control social basado en el terror [Informe de la Comisión de la Verdad, 1992], introducido por los paracaidistas franceses llegados a Sur América como asesores de las juntas militares golpistas, luego del asalto a La Moneda, y consistente en el secuestro, tortura, desmembramiento y asesinato de opositores políticos a las oligarquías establecidas en América Latina, fenómeno que en nuestro país alcanzó cotas espeluznantes y a la fecha impunes.
Esencialmente está dirigido a aterrorizar a la población, pues las victimas son extraídas de día o de noche, ante testigos, que reproducirán el mensaje: “…silencio, o serás el siguiente…”.
Aquellos abducidos eran conducidos en las famosas “Cherokees”, al denominado “Castillo Negro”, cuartel de la entonces PN, al cuartel de la GN, o a cualquiera de las casas de seguridad que tuvieron estas estructuras en aquel período, donde sufrían lo indecible a manos de sus torturadores, quienes no solo destruían la dignidad del torturado, también destrozaban huesos, desprendían la piel, uñas, ojos, lengua, en los casos mas extremos se desmembró a las víctimas para luego “botar” aquellos miembros en las calles mas concurridas de las ciudades mas importantes del país; los docentes, médicos, sacerdotes y defensores de DDHH fueron particularmente atormentados, por la labor social que estos realizaban y que era muy comprometida.
Superado el conflicto armado aquel oscuro episodio de nuestra historia quiso ser obviado por las elites salvadoreñas, sus instigadores, quienes proveyeron los recursos económicos, la logística y la cobertura legal para su impunidad, reflejado esto en las investigaciones del Informe de la Comisión de la Verdad, pero también en lo documentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la ONG “Marlen Lagadec”, y otros que por separado señalan por nombre y apellido a los actores intelectuales de aquellas estructuras, así como la principal fuente de esta información: el diario personal del capitán Álvaro Saravia, que documento ordenadamente todo lo reseñado arriba.
Así en el presente, la impunidad como entonces es el principal motor detrás de la ola de desapariciones y asesinatos que abaten al país, adivinándose la connivencia del estado con las estructuras que las ejecutan – no debemos olvidar que la FGR adelanto una investigación dirigida a exponer los arreglos y negociaciones entre el actual gobierno y las estructuras terroristas – pues vemos ahora como en aquellos días, la misma desidia de parte del estado para perseguir a estos criminales, no solo por la franca incapacidad de parte de las estructuras judiciales y policíacas, sino además por su ilegitimidad pues al encontrarse cooptadas por el ejecutivo de manera ilegal, cualquier resolución para el caso esta viciada de origen, y eventualmente cualquier resolución será legítimamente cuestionada.
Entonces, resolver esta tragedia que abate y quiebra a tantas familias inocentes, solo será posible al retornar a la legitimidad del estado legal.
