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Luis Arnoldo Colato Hernández
Educador
La histórica inseguridad derivada de un estado débil, al servicio pleno de los intereses de las élites, ha generado un crónico estado de violencia de carácter estructural, que por derivación asegura y perpetúa los intereses de las tales élites a cualquier coste.
En consecuencia, la actual represión social no supone más que una coyuntura transitoria de carácter electorero que no busca cambiar nada de fondo.
Podemos corroborarlo al observar como el delito de cuello blanco, la corrupción de altos fueros, pasada y presente, como los privilegios con los que se beneficiara a la alta dirigencia de las pandillas, no ha sufrido ningún cambio en las actuales condiciones, y en cambio prospera al amparo y anuencia del propio estado, de lo que todos somos testigos como también las entidades suprarregionales como las NNUU, la OEA y otras, que ya en diferentes momentos han señalado estas inconsistencias en el tan afamado plan de seguridad nacional.
Al no atentar contra estas estructuras, tampoco se ataca la fuente misma de la injusticia estructural, pues se la conserva favoreciéndola, perpetuando las condiciones de inequidad que han conducido precisamente al actual momento con los costes sociales que supuso.
Así, por ejemplo, la rigidez con la que se aplican las draconianas medidas de represión social supuestamente dirigidas a suprimir las estructuras criminales, no se aplican por igual a todos los salvadoreños, concentrándose en barrios populosos bajo el supuesto que son el nicho de dichas estructuras.
Y ciertamente es ahí donde prosperan, pero porque el estado se niega a tener presencia en tales espacios.
Por otro lado, tampoco el régimen ha aceptado realizar la debida conversión del modelo impositivo, que ajuste la tasa que reporte cada ciudadano a la hacienda pública de acuerdo a sus haberes e ingresos reales, ¡en particular porque son las élites las únicas que serían afectadas!, conservando en cambio el injusto modelo impositivo que soporta en los menos favorecidos los costes de la administración estatal.
De este modo se garantiza mediante la socialización de los costes y la privatización de las ganancias, la sobre concentración de la riqueza, que en nuestro país ha supuesto beneficios para apenas el 0.8% de la población de acuerdo a los organismos financieros multirregionales, concentrando en estos hasta el 70% de la riqueza nacional, mientras el resto de la población se las arregla con el 30% remanente.
Entonces, suprimir la inseguridad no solo supone sacar a las bandas criminales de circulación, significa además atacar frontalmente las causales estructurales que dan origen a la violencia, por exclusión y marginación, lo que implica acabar con los privilegios, con toda la estructura que favorece a los pocos en detrimento de la mayoría, y desarrollar la consecuente redistribución de la riqueza de manera equitativa, repartiendo así la carga del estado también de modo equitativo.
Es decir; si no se atacan las causales de la violencia y la injusticia social simplemente seguirán prosperando, y no importa que se haga para aparentar lo contrario, éstas solo se agravarán, con el favor del estado.
