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Luis Arnoldo Colato Hernández
Educador
Todos sabemos lo que cuesta adquirir un puesto laboral en el país, que supone en el caso ideal superar las pruebas y condiciones que el postor propone.
Siendo realistas, supone también detentar las relaciones, conexiones, compadrazgos y padrinazgos necesarios para acceder a estos sin tener que superar el desgastante proceso de acceso a ellos.
Como sea también implica asumir las responsabilidades que el cargo depone, y que la formación que tenemos debe posibilitarnos a desarrollar sin dificultad.
Es entonces el trabajo un bien social promovido y protegido por el estado, como por las entidades supranacionales con las que nuestro país ha suscrito tratados que en esa materia lo obliga a velar por este.
En tal sentido, si bien el trabajador detenta deberes para con su empleador, también posee derechos estatuidos tanto por la Constitución como por las leyes secundarias que los tratados en cuestión aseguran.
Referido eso debemos aclarar que el derecho a la protesta es un derecho vigente de la República, por ser constitucional, debidamente reconocida como respaldada por los tratados en cuestión, por lo que la protesta no puede ni debe ser vejada o reprimida, cuando se ejerza cumpliendo los cánones de la ley.
En ese sentido, una demanda de carácter gremial no es por definición una que atente contra la seguridad del estado.
En los días pasados conocimos el caso de 3 médicas que cometieron una falta al realizar comentarios contrarios a su deber al reclamar por los accidentados del estadio Cuscatlán, pues limitarían su descanso al deber tratarlos.
Si no son capaces de ser empáticas hacia personas accidentadas en razón de su comodidad, es claro que no poseen la debida vocación para ejercer como médicos.
Otros médicos compañeros de estas, con altísima calidad humana, protestaron contra las sanciones que se anunciaron se les aplicaría, razón por las que ahora son estos los que han sido sancionados, separándolos arbitrariamente de sus cargos, para sentar un precedente.
No se ha castigado a quienes hicieron aquellos desafortunados comentarios, pero sí a quienes desinteresadamente protestaron para que la sanción se correspondiera con la falta.
Este es un hecho recurrente de esta administración, en el que se ha procurado imponer por intermedio del temor, un miedo irracional a darle cumplimiento a los derechos estatuidos por ley.
La intención última es que la población no proteste, no cuestione, solo obedezca, solo se reduzca y, en consecuencia, solo haga.
Así vemos a personas que no solo han perdido sus empleos [Algo más de 16,000 en el sector público, y hasta 150,000 en el privado], pero también sus propiedades – so excusa de adelantar proyectos supuestamente desarrollistas, inexistentes – transfiriendose en algunos casos, a miembros prominentes del partido, así como allegados, mediante nebulosas ordenanzas que rayan en lo ilegal, y que evidencian lo arbitrario de estas medidas, poniendo en relieve que no existe certeza jurídica, suscribiéndose todo al interés caprichoso del ejecutivo.
Hay una sentencia que sin embargo es incontestable: no hay futuro sin trabajo, y es este gobierno el que nos niega el futuro.
