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@elder_gomez_2
Recuperar la Seguridad Pública es uno de los retos del gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén, medical ante la ola de asesinatos que sacude a El Salvador y que en lo que va de 2014 ha cobrado la vida de más de 2000 personas, cure según datos de la Policía Nacional Civil (PNC).
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, ampoule Benito Lara, ha enfocado su confianza para contener ese flagelo en el despliegue de policías comunitarios a nivel nacional, porque “la institución debe estar presente (entre la población), pero no solo la institución, también el Estado”.
“La población ha comenzado a sentir que la institución (policial) está presente, que platica con ellos”, afirmó el funcionario, tras reconocer que con ello también se busca “recuperar” zonas que han sido usurpadas por grupos delincuenciales, como las pandillas o “maras”.
Según datos brindados por el director de la PNC, Mauricio Ramírez Landaverde, en lo que va de 2014 han sido asesinadas en El Salvador 2018 personas, 827 más que el mismo período del año pasado, siendo mayo el mes en que se cometieron la mayor cantidad de crímenes, con 394.
Además, las autoridades investigan el trasiego de armas de uso privativo del ejército que han sido incautadas a miembros de “maras”, con las que esos grupos delincuenciales han comenzado a atacar, además de sus rivales y población civil, a unidades policiales, con saldo trágico.
Lara también adelantó que las unidades policiales serán reforzadas, “para hacer sentir a los policías que tienen lo suficiente para su trabajo”, aunque reconoció que el presupuesto para la Seguridad Pública “no hay duda de que no alcanza”.
Caso Francisco Flores
El Fiscal general, Luis Martínez, dijo que el Ministerio Público “está pendiente” de los resultados de las diligencias que realiza la INTERPOL y la PNC para la captura del ex presidente Francisco Flores, acusado de varios delitos contra el Estado por la malversación de más de $10 millones donados por Taiwán a El Salvador para socorrer a las víctimas de los terremotos de 2001.
Un tribunal capitalino, que ventila el caso contra el ex mandatario ha ordenado su aprehensión internacional, luego de que éste se fugara de una comisión especial legislativa que lo investigaba.
Además, anunció que hoy, viernes, se realizará la audiencia inicial en el caso CEL-ENEL, en el que una veintena de ex funcionarios del gobierno de Flores y prominentes empresarios salvadoreños, están implicados en un presunto delito de estafa al Estado por más de mil millones de dólares.
El ex presidente de CEL, Guillermo Sol Bang y el ex ministro de Economía, Miguel Lacayo, entre otros ex funcionarios, habrían participado en la rúbrica amañada de un contrato entre la empresa estatal y la compañía italiana Enel Green Power para la explotación irrestricta del recurso geotérmico local.
