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Oscar A. Fernández O.
Emprender un sistema de políticas de seguridad pública desde la izquierda gobernante conlleva, stuff por definición, pilule su carácter integral, thumb es decir, la búsqueda de un equilibrio entre el derecho a la seguridad colectiva y el derecho a la libertad de todos y todas los ciudadanos y ciudadanas, la actuación sobre las causas sociales que generan la delincuencia y la inseguridad ciudadana y no sólo sobre los efectos y las consecuencias. No pueden existir políticas de seguridad eficaces si no se erradica la pobreza con su extrema desigualdad, el solapamiento de organizaciones mafiosas relacionadas con las oligarquías capitalistas y el poder político, el desempleo, el machismo, la discriminación, el odio a las minorías sexuales y la exclusión social; si no se ponen en marcha políticas integrales de salud, alimentación, empleo, educación integral y protección social.
Pero además, resultará muy difícil que dichas políticas de seguridad pública sean realmente efectivas, si la ciudadanía no las hace propias y ayuda a su impulso. La participación de la comunidad en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas de seguridad es una de las claves del prototipo de la seguridad democrática, y también uno de sus mayores desafíos.
En los últimos años, nuevos fenómenos y realidades sociales emergen en una sociedad cada vez más compleja fruto de su propio desenvolvimiento y que viene determinado por: Las políticas neoliberales y su modelo económico, que reduce el aporte social del Estado y dificultan las inclusión social. La creciente desigualdad, que propicia espacios para el desarrollo de la delincuencia a escala global y local, y contribuye a la aparición de nuevas conductas delictivas, unas vinculadas a la criminalidad económica y financiera (lavado de dinero, tráfico de drogas y armas, redes de corrupción, etc.) y otros a la irrupción de algunas mafias y bandas criminales y de delincuencia internacionales, mucho más violentas y con nuevas tipologías en sus métodos de actuación. El incremento de detenidos en las prisiones, que no reduce el número de delitos, sino al contrario traslada la violencia a las cárceles y produce mayor violación de derechos.
En estas circunstancias, las llamadas políticas transversales de inclusión social y de prevención para unos servicios públicos de calidad y reducción de los factores de riesgo; deben incluir la política de vivienda social y la acción integral en las comunidades de riesgo; la estrategia preventiva que aborde la educación y la formación; la extensión y calificación de la educación; el acceso a la salud pública; el desarrollo de los municipios; etc.
Estas acciones deben ser complementarias a las imprescindibles acciones policiales y de la justicia penal, más orientadas a resarcir los daños producidos que a la punición, en el mejor estilo de venganza social, como suele plantearse. Así, la acción policial y penal no es incompatible con acciones preventivas, ni con la protección de los derechos individuales y colectivos.
La experiencia nos dice que el incremento de detenidos en las prisiones no ha logrado reducir el número de hechos delictivos, por eso se precisa de políticas públicas transversales de inclusión social y de prevención, además de facilitar servicios públicos de calidad, para reducir los factores de riesgo social.
Trabajar, sin embargo, la inseguridad de los ciudadanos sólo desde la prevención de los factores de riesgo sería no solamente insuficiente sino también un error. Por ello, es imprescindible un cuerpo policial próximo al territorio y a los ciudadanos, con una formación especializada, para hacer frente con profesionalidad y eficiencia a las diferentes expresiones delictivas que se producen y las variadas formas de conflictos entre las personas.
Para lograr un cambio favorable en la reducción de la violencia se vuelve necesario:
Trabajar en la organización local del pueblo, en función de la defensa de sus intereses y con una perspectiva de reparación del tejido social, cambiando la cultura del excesivo individualismo y el consumismo, por la cultura de la solidaridad, la moderación y la convivencia pacífica.
Fortalecer la institucionalidad de la Justicia y la Seguridad, con una pretensión de progreso desde el Estado, como componente principal presente en todo el territorio nacional, que además de promover el desarrollo, sea próximo a las necesidades de las personas.
Calcular científicamente un ratio adecuado del número de policías por c/1000 habitantes y pasar completamente de la policía de organización central a la policía de despliegue territorial.
Diseñar el modelo de seguridad pública integral e integrado, que incorpore la vertiente territorial desde el Ministerio de Gobernación y Desarrollo territorial, además de los Ministerios de Salud Pública, Educación, Vivienda y se coordine con los diferentes grupos operativos. En este sentido, el objetivo es que los servicios del Estado lleguen a todas las personas de manera expedita y con eficacia.
Que a pesar del alto grado de conflictividad que presenta la violencia criminal en el país, lo que exige medidas de fuerza más categóricas, no se abandone la puesta en marcha de la Policía Comunitaria, que requiere una reestructuración de la Institución policial y el desarrollo de una conciencia y actitud de trabajo junto a la gente.
Crear un modelo basado en la efectividad policial por encima de las especificidades corporativas, un modelo policial integrado más eficaz que contribuya a sumar esfuerzos, que favorezca la coordinación y cooperación policial y que responda a la demanda de la ciudadanía de la seguridad como un servicio público de calidad.
Desde esa perspectiva se proponen las siguientes acciones: impulsar la creación, la formación y la organización de voluntariado civil para llevar a cabo tareas de apoyo a los grupos actuantes y operativos en la prevención y la actuación ante las situaciones de riesgo y/o de emergencia; establecer o mejorar los órganos de coordinación del Gobierno central con los gobiernos locales, especialmente en las grandes ciudades.
Un régimen de Seguridad Pública que establezca directrices y políticas a desarrollar, a partir de la solución de conflictos, las actuaciones y los medios en materia de seguridad, emergencias y seguridad vial.
El rediseño de un plan de carrera profesional que recoja todos los grados del escalafón de la policía, con homologación de las correspondientes titulaciones académicas. (Proyecto de Instituto Superior de Estudios Policiales – ANSP) Hacer énfasis en la especialización científica policial. El método de enseñanza principal debe basarse en los protocolos de actuación en todas las especialidades policiales, primando en la formación inicial, el del patrullaje preventivo y la intervención primaria.
Reforzar la capacidad inspectora, fiscalizadora y sancionadora de la nueva Inspectoría General, que vele por el cumplimiento de la normativa y la calidad de los procedimientos policiales, en relación al posible abuso de fuerza y la arbitrariedad.
La reestructuración y desburocratización de la Policía, redistribuyendo de manera adecuada y científica la plantilla policial en todo el territorio, insertando verdaderamente a la policía en la comunidad para que se empape de su cultura, sus vivencias y problemas, con el propósito de intervenir proactivamente en la resolución de conflictos menores y evitar el agravamiento de estos, manteniendo en conjunto, la tranquilidad y la normalidad en la vida vecinal.
Mejorar las condiciones laborales y salariales para los efectivos policiales, con especial atención a los del nivel básico, promoviendo además el efectivo compromiso con la República y principalmente con la gente, a través de la formación de una conciencia que se identifique permanentemente con el cumplimiento del deber, la ética y la protección de las personas, especialmente de las más vulnerables.
Finalmente, cualquier iniciativa de abordaje del problema de la seguridad requiere de la decisión política de gestar cambios estructurales en la sociedad que se traduzcan en políticas concretas de inclusión social, esfuerzos sostenidos para disminuir la desigualdad económica, políticas de Estado para la lucha contra el narcotráfico, abordajes específicos para el problema de las adicciones y enfrentar sin remilgos la corrupción y la criminalidad asociada al poder, entre otros.
También se necesita del perseverante interés de los ciudadanos por construir comunidad, apropiándose del espacio público en el que se desenvuelve su vida cotidiana y evitando dejar vacantes espacios de soberanía que pueden ser ocupados por la ilegalidad. Sólo entonces el compromiso de la comunidad será puesto en valor y su potencialidad se desplegará en todas sus posibilidades. De lo contrario, la participación comunitaria corre el riesgo de quedar en una experiencia simplemente interesante para el difícil caminar de nuestras inmaduras democracias
