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Joaquín Salazar
@JoakinSalazar
El Juzgado Primero de Paz de Santa Ana procedió al desalojo de ocho familias de la Comunidad Seilán en el municipio de Santa Ana. Asimismo, otras tres familias fueron desalojadas por el Juzgado Segundo de Paz de la misma ciudad. Producto de un proceso judicial en el que se les ordenó desalojar sus viviendas.
Seis de estas 11 familias quedan en total desamparo, denunció la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y MoviTierra, entidades que acompañaron a las familias en este proceso.
Y es que de las ocho familias desalojadas por el Juzgado Primero de Paz, a tres de ellas se les ha dado el beneficio de darles una propiedad en la cual puedan habitar. Una Parcela que no están en esta comunidad.
El desalojo de todas las familias se debe a que el inmueble donde es asentada esta comunidad en Santa Ana, es reclamado por CORPODESA SA. de C.V. en proceso judicial que inició este año.
William Murcia, de FESPAD, aseguró que se hizo efectivo la orden de desalojo solo para las familias demandadas, ya que de las 47 familias que comprenden la comunidad, tendrían orden de desalojo. Pero solo las familias demandadas son las que se han hecho efectivo el desalojo.
Sin embargo, hablar de beneficio no es satisfactorio, ya que cinco familias quedan en desamparo total. “Se les est vulnerando sus derechos, y no se les est dando una alternativa de solución, desde el Estado no existe un programa de acogida para ayudarles”, dijo Murcia.
Ante esto, las organizaciones hacen un llamado al Estado salvadoreño para crear programas para aquellas familias que son desalojadas debido a procesos judiciales. Puesto que sufren vulneración de derechos a una vivienda digna, luego de que un Juzgado de Paz decide favorecer a empresas u otros demandantes.
