Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
Por Leonel Herrera*
Este martes 11 de julio se cumplen seis meses de la arbitraria detención de los líderes comunitarios de Santa Marta, entre ellos Antonio Pacheco, director ejecutivo de la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES) y el más importante estratega de la lucha contra la minería metálica en Cabañas.
Como han señalado cientos de organizaciones nacionales e internacionales, las capturas y el encarcelamiento de estos héroes -que libraron a El Salvador de los graves daños de la explotación minera- es una clara manipulación de la justicia, cuyo objetivo es apartar del camino a quienes el actual gobierno considera un obstáculo para sus intenciones de reactivar esta nociva industria a pesar de estar prohibida definitivamente por una ley aprobada por unanimidad en marzo de 2017.
En esta ocasión es oportuno mencionar a las instancias estatales responsables de esta injusticia.
En primer lugar, la Fiscalía General de la República que acusa sin pruebas a los líderes comunitarios. Hace un par de semanas se conoció que tras una fallida diligencia de exhumación no se encontró el cadáver de la supuesta víctima y la principal fuente de prueba en el caso sigue siendo el testimonio contradictorio de un testigo criteriado. La acusación fiscal también violenta la Ley de Reconciliación Nacional de 1992 y los Acuerdos de Paz.
La Fiscalía General de la República podría revertir esta barbarie retirando esa acusación espuria.
En segundo lugar, el Juzgado de Paz de Victoria que mandó a los defensores ambientales a prisión sin argumentos ni justificación válida y el Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque que ha negado dos veces la petición de revisión de la detención. La jueza de Sensuntepeque se ha mostrado particularmente parcial y beligerante en el caso al grado de advertir con sanciones a los abogados defensores si insisten con “peticiones repetitivas”. También son responsables los juzgados de vigilancia penitenciaria de San Salvador, Santa Tecla, Sonsonate y Santa Ana que se han negado a autorizar la visita de familiares y abogado defensor.
El Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque podría mitigar esta injusticia otorgando medidas sustitutivas a la detención en la audiencia especial de revisión de medidas que le ha ordenado la Cámara de Segunda Instancia de Cojutepeque.
En tercer lugar, la Corte Suprema de Justicia y la Dirección de Centros Penales. De la Corte, la Sala de lo Penal apartó al magistrado Martín Rogel Zepeda para evitar que la Cámara de Penal de Cojutepeque otorgara medidas sustitutivas y la Sala de lo Constitucional no resuelve un recurso de “Hábeas Corpus” que también busca revertir la detención de los defensores ambientales. Mientras que la Dirección de Centros Penales impide el acceso del abogado defensor, quien -a pocos días de la audiencia preliminar- aún no ha podido entrevistar a los detenidos para preparar su defensa.
En cuarto lugar, por omisión, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. La procuradora Raquel Caballero guarda un silencio cómplice con las graves violaciones a los derechos de los activistas criminalizados y tampoco ha dicho una palabra sobre las intenciones gubernamentales de reactivar la minería metálica que representa una clara amenaza al derecho al agua, a un medioambiente sano y a la vida a la población salvadoreña.
Y en quinto lugar, están los quieren reactivar la minería metálica y para ello buscan despejar el camino apartando a defensores ambientales que representan un obstáculo para sus tenebrosos propósitos. El régimen de los hermanos Bukele ha dado claras señales de que en su eventual segundo mandato impondrá la explotación minera: incorporación a un panel de países mineros, aprobación de una nueva ley de hidrocarburos y minas que incluye la minería metálica, revisión de la ley que prohíbe la minería, etc.
Esos son los responsables del abuso judicial contra los héroes ambientales salvadoreños que ya llevan seis meses detenidos en condiciones carcelarias inhumanas.
*Periodista y activista.
