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Madrid/Prensa Latina
La primera semana efectiva del nuevo año se presenta hoy compleja para el Gobierno de España, con un horizonte lleno de atascos con medidas a debatir en el Congreso de Diputados.
Además de valorar las propuestas sobre la controvertida ley de amnistía, este miércoles los parlamentarios votarán numerosas iniciativas de corte social, las principales con impacto directo en la ciudadanía en torno a tarifas de servicios y alimentos, energía, pensiones y ayudas.
Al previsible rechazo del conservador Partido Popular (PP) y su aliado de ultraderecha Vox, se añade una franja de la izquierda con Podemos, escindido del movimiento Sumar y que adelanta objeciones al llamado escudo social que proyecta el Ejecutivo.
También Junts por Cataluña puso reparos a varias de las medidas que pretende impulsar el Gobierno en la Cámara Baja, al considerar que algunas a la larga pudieran dañar la legislación de amnistía en debate.
De forma vertical, el portavoz del PP, Borja Sémper, remarcó este lunes que su partido no será ‘muleta’ de Pedro Sánchez para aprobar en el Pleno del Congreso los tres decretos que se someterán a debate y convalidación esta semana.
En una rueda de prensa, Sémper recordó que la dirección del PP que lidera Alberto Núñez Feijóo, adelantaron en diversas ocasiones, que ‘no va a salir al rescate’ del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.
‘El Partido Popular saldrá al rescate de los españoles y de sus problemas, pero no aceptaremos chantajes de un Gobierno manejado por los antisistema y por todos aquellos que no tienen un proyecto para España’, sentenció el vocero.
Anticipó lo que es ya un comentario generalizado en España, que el nuevo mandato de Sánchez será ‘la legislatura de la angustia para el Gobierno en cada votación’.
En este sentido, puntualizó, ‘como queda acreditado esta misma semana’, que el presidente del Gobierno ‘tiene serios problemas de supervivencia desde el inicio’, en referencia directa a sus divergencias con Podemos y Junts.
Un muñeco apaleado por sectores de la ultraderecha en las inmediaciones de la sede federal del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en Madrid, con la figura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, agravó las diferencias de la izquierda con la derecha del país ibérico.
Aunque hubo rechazo a lo sucedido a finales de diciembre, el PP y Vox aprovecharon el caso para hablar de un empeño de “victimización” de Sánchez y su equipo, a la vez que pareció el inicio de una batalla política que se trasladará al Parlamento.
