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José M. Tojeira
Recientemente el papa Francisco ha dirigido unas palabras a la Policía Penitenciaria de Italia y personal de justicia. Se pronunció contra las penas perpetuas y sobre todo les animó a los agentes carcelarios a convertirse en “tejedores de justicia y esperanza”. Su mensaje me parece especialmente válido para la situación salvadoreña, que por un lado impide constitucionalmente las penas perpetuas, pero por otro acumula cada vez más años de cárcel para los diversos delitos, llegando en la práctica a establecer penas perpetuas, en contra de la propia Constitución. A ello se suma en nuestro país una tendencia cultural sumamente vindicativa, partidaria del castigo incluso cruel a quienes han cometido delitos, algunos de ellos también sumamente crueles. De hecho abundan los comentarios en las redes insultando groseramente a quienes escriben algo en defensa de personas privadas de libertad, e incitando con insultos y grosería a maltratar o incluso masacrar a los encarcelados.
Frente a esta situación es importante recordar que nuestra Constitución establece la pena de cárcel con diversas finalidades. Y la rehabilitación aparece como fundamental. En ese sentido las palabras de Francisco a los guardianes de cárcel cobran un significado ético de primer nivel para nosotros: “Ustedes son personas que ante una humanidad herida y a menudo devastada, reconocen, en nombre del Estado y de la sociedad, su dignidad irreprimible”, Decía el Papa. Y continuaba diciendo: ustedes “están llamados a ser puentes entre la cárcel y la sociedad civil: con su servicio, ejercitando la justa compasión, pueden superar los miedos mutuos y la tragedia de la indiferencia”. Los privados de libertad son personas, y aunque tengan que estar separados de la convivencia social para sancionar delitos y para prevenir daños a terceros, continúan siendo personas con derechos y teniendo dignidad.
Por eso mismo Francisco insiste en que toda sociedad debe garantizar que “el castigo no comprometa el derecho a la esperanza”. Y solicita en consecuencia “que se garanticen las perspectivas de reconciliación y reintegración”. Y aunque en El Salvador se han hecho algunos esfuerzos al respecto, queda todavía mucho por hacer. El simple hecho de que la PNC exhiba esposados a los detenidos con presunción de inocencia y los medios de comunicación los presenten de esa manera, contraviene con claridad el artículo 12 de la Constitución. Pues aunque se les añada el adjetivo de presuntos al término delincuentes, el hecho de recién capturados, presentarlos amarrados (las esposas son formas de amarre y atadura), medio desnudos o con uniforme carcelario, son maneras evidentes de hacerlos parecer como culpables. No digamos si se les muestra, como ya se ha visto en nuestros informativos, con una bota de un policía encima del cuerpo. A presuntos inocentes se les aplica de inmediato un tipo de pena que recuerda de hecho una nueva versión de las antiguas penas infamantes, condenadas en nuestra Constitución, y prácticamente desaparecidas en los Estados democráticos.
Entre nosotros da la impresión de que nunca hemos aceptado la sabias palabras de Francisco sobre la vida en las cárceles: “es esencial garantizar unas condiciones de vida decentes; de lo contrario, las cárceles se convertirán en depósitos de la ira, en lugar de en lugares de recuperación”. La llamada a no destruir la esperanza de rehabilitación y de una vida digna, y todavía más, a fomentar la rehabilitación continúa siendo un desafío para nuestro país. Ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, sería un primer paso para avanzar en un trato mínimo decente en el campo de la detención provisional. Al mismo tiempo debemos enfrentar otras apuestas, sicológicas, religiosas, habitacionales y legales que dejen de convertir a nuestras cárceles en “depósitos de la ira”.
