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Buenos Aires/AFP
El Senado argentino debate este miércoles un proyecto de ley aprobado en la madrugada por los diputados para frenar la excarcelación anticipada de condenados por delitos de lesa humanidad, previo a una marcha de repudio a un fallo de la Corte Suprema que crispó al país.
El Senado inició por la mañana una sesión de urgencia para acelerar la sanción de la ley que constitucionalistas han señalado como la vía más expedita para evitar la liberación de condenados por violaciones a los derechos humanos, tras un polémico fallo de la Corte hace una semana.
En un debate largo e histórico, reflejo de cuán sensible es el tema de las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura (1976-83), la Cámara de Diputados aprobó la madrugada del miércoles el proyecto por 211 votos a favor y sólo uno en contra.
El texto limita la aplicación del beneficio de reducir condenas a culpables de crímenes de lesa humanidad.
«El derecho penal no es una rama del derecho destinada a que quienes comentan crímenes no cumplan penas, es lo contrario», dijo Federico Pinedo, presidente del Senado y hombre cercano al presidente Mauricio Macri, al iniciar el debate.
El senador oficialista recordó además que «Argentina se comprometió ante el concierto internacional a penalizar los crímenes de lesa humanidad, que no pueden ser materia de amnistía o indultos o conmutación de penas».
El senador opositor Fernando Solanas (Proyecto Sur) destacó «la rápida reacción del pueblo argentino con movilización de todos los sectores en repudio de este fallo cuestionable que venía a derrumbar el edificio jurídico con el cual se construyó la política de derechos humanos y el juicio a los crímenes de lesa humanidad» en Argentina.
El pedido para que el Congreso trate el tema con urgencia estuvo a cargo de la diputada Victoria Donda, nieta recuperada gracias al trabajo de la organización Abuelas de Plaza de Mayo y legisladora de centroizquierda que preside de la comisión de Derechos Humanos.
«No queremos que ningún genocida esté caminando en nuestras calles», dijo Donda.
El cuestionado fallo de la Corte Suprema, donde tres de los cinco jueces aprobaron una reducción de condena para el exagente paramilitar Luis Muiña -condenado a 13 años de prisión-, puso en rebelión a abogados, jueces, fiscales y legisladores.
El martes los tres magistrados fueron acusados de prevaricato.
En Argentina, el dictamen de la Corte en un caso puede ser cuestionado y no acatado por tribunales de primera instancia. Desde el viernes, al menos tres jueces han negado otorgar el beneficio a represores condenados.
Se estima que al menos 250 condenados por crímenes de lesa humanidad en Argentina podrían pedir la excarcelación anticipada.
El polémico beneficio consiste en el llamado ‘2 por 1’ en el que a la hora de fijar la pena se computa el doble de cada día pasado en prisión preventiva sin condena.
Marcha hacia el congreso
Organizaciones sociales y de derechos humanos marcharán hoy desde el Congreso hasta la emblemática Plaza de Mayo para protestar contra un reciente fallo de la Corte Suprema argentina que ha generado un rechazo unánime.
Se espera que la manifestación de esta tarde sea masiva en repudio a un fallo del Máximo Tribunal que hace exactamente una semana decidió hacer aplicable la ley conocida como 2×1 que reduce el cómputo de prisión para aquellos con crímenes de lesa humanidad.
Bajo el lema «Señores jueces, nunca más», las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo Línea fundadora, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas entre otros organismos, saldrán a repudiar esta ley que, afirman, abre la puerta a la impunidad de los genocidas.
Las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora pidieron a los que asistan a esta manifestación portar por ‘única vez’ el pañuelo blanco, símbolo que caracterizan a estas mujeres que desde hace más de 40 años luchan por la memoria de sus hijos y nietos detenidos-desaparecidos durante la última dictadura militar (1976-1983).
«Durante el acto central avisaremos desde el escenario el momento preciso en el que todos los presentes nos colocaremos los pañuelos en la cabeza como señal de repudio al 2×1 y en representación de los 30 mil desaparecidos y toda una sociedad que tiene memoria», apuntaron en la convocatoria.
Desde que salió a la luz la noticia, varios represores solicitaron acogerse a la normativa, entre ellos el excomisario Miguel Etchecolatz y el exagente de Inteligencia Arnoldo José ‘Chubi’ López, condenado a cadena perpetua por cometer torturas seguidas de muerte y la apropiación de menores.
La decisión de aplicar el 2×1, vigente de 1994 a 2001, fue dictada en la causa de Luis Muiña, quien en 2013 fue condenado a 13 años de cárcel por ser coautor del delito de privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos en cinco casos.
