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Por Daniel Merola
Buenos Aires/AFP
El bloque mayoritario del Senado argentino, viagra que responde a la presidenta Cristina Kirchner, cialis intentará este miércoles sancionar y enviar a Diputados el proyecto que señala a Buenos Aires como sede de pago de bonos de su deuda, para evitar el bloqueo judicial que en
Estados Unidos provocó en julio un «default selectivo».
Un debate áspero y maratónico, que tal vez se prolongue hasta el jueves, se vivirá en el recinto del Senado, con una oposición a Kirchner en minoría que votará en contra, en medio de una situación económica delicada, con alta demanda de dólares e incertidumbre, que llevó al 70% la brecha existente entre la cotización oficial y la informal del billete verde en el país.
La iniciativa legal abre una ventanilla de cobro de los bonos en un banco estatal argentino y cierra la que funciona en el Bank of New York (BoNY), aunque los bonistas tendrán la opción de elegir otra sede o mecanismo que les permita embolsar su dinero.
Los 539 millones de dólares que Argentina depositó en el BoNY a nombre de bonistas que aceptaron los canjes de 2005 y 2010 (93% de los acreedores) quedaron congelados por orden del juez neoyorquino Thomas Griesa, como sanción por no haberse cumplido una sentencia suya.
Griesa condenó al país a pagarle el 100% de una deuda en mora por 1.330 millones de dólares a fondos especulativos, que en la jerga financiera internacional se conocen como «buitres», entre ellos el poderoso NML, del magnate Paul Singer.
El magistrado ha anticipado que la iniciativa argentina de modificar la sede de pago es «ilegal» y convocó a otra audiencia para el 10 de setiembre.
Financistas aliados de Argentina
Las calificadoras de riesgo tienen una expectativa negativa sobre el éxito de la medida, si es que pasa luego el filtro de Diputados, pero el magnate mexicano David Martínez Guzmán, dueño del fondo de inversión Fintech Advisory, anunció que aceptará la ley en trámite.
«Es una medida correcta que debe tomar un país soberano ante un ataque judicial indebido», dijo Martínez, con fuertes inversiones en Argentina y poseedor de bonos soberanos por casi 1.000 millones de dólares.
«Probablemente ésta sea la decisión más correcta, puede ser la solución», dijo a radio Vorterix Tulio Zembo, representante de unos 450.000 pequeños bonistas italianos.
También llevaron agua al molino de la postura argentina tenedores europeos de bonos que pidieron a la Corte de Apelaciones de Nueva York que suspenda el bloqueo dispuesto de Griesa.
Por cuerda separada, fondos de inversión, entre ellos Quantum Partners, del multimillonario George Soros, iniciaron una demanda judicial contra el BoNY para reclamar su dinero.
La bancada de senadores que responde al diputado peronista opositor Sergio Massa, favorito entre los presidenciables para 2015 según las encuestas, alienta un plan alternativo al del gobierno para facilitar los pagos, pero también consideró que «el fallo de Griesa es de cumplimiento imposible».
El dilema de la RUFO
Argentina quedó entre la espada y la pared debido a que si paga el 100% de la deuda a los fondos especulativos, como lo dispone la sentencia de Griesa, está obligada por contrato (cláusula RUFO, sigla en inglés) a extender el beneficio a todos los acreedores, lo que significa de hecho enfrentar a corto plazo pagos por más de 120.000 millones de dólares.
Las reservas del Banco Central ni siquiera alcanzan a los 30.000 millones de dólares.
La deuda se remonta a los préstamos que pedía Argentina entre 1990 y 2000, política que derivó en 2001 en una colosal moratoria por casi 100.000 millones de dólares.
Desde 2003, el gobierno lleva pagados 173.000 millones de dólares de la deuda, según cifras oficiales.
Analistas consultados por la AFP, como el director de la consultora Hacer, Pablo Tigani, dijeron que el gobierno sólo está haciendo tiempo hasta 2015, cuando caduque la cláusula RUFO y pueda negociar con los litigantes como lo hizo con las deudas con la petrolera española Repsol y el Club de París.
La nueva ley también reabre el canje de la deuda para el 7% que lo rechazó.
La reestructuración implicó quitas de capital de 45% a 75%, pero los nuevos bonos arrojan altos rendimientos.
