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Santiago de Chile/Prensa Latina
La comisión de Derechos Humanos del Senado de Chile aprobó este lunes legislar una iniciativa que busca indultar por motivos humanitarios a los detenidos durante el estallido social. La propuesta salió adelante por tres votos a dos, con el respaldo de los senadores de oposición promotores del proyecto, entre ellos la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, mientras en contra votaron los representantes de la derecha.
En sesiones previas la comisión escuchó los argumentos a favor o en contra del Poder Judicial, la Fiscalía Nacional, la Defensoría Penal Pública, familiares de los presos y organizaciones defensoras de derechos humanos, entre otros. El proyecto, presentado por cinco senadores de oposición el 10 de diciembre último, prevé tener en cuenta a todos quienes se mantienen presos o fueron imputados o condenados en el marco del estallido social entre el 17 de octubre de 2919 y hasta hoy.
Diferentes instancias difieren en las cifras de presos, pero cuando menos son decenas quienes siguen tras las rejas, algunos por más de un año en prisión preventiva, en espera de una resolución judicial.
Según lo estatuido, la discusión y tramitación sobre este asunto corresponde solo al Senado y para aprobar la iniciativa se requiere quórum calificado, salvo delitos terroristas, para lo cual se exige dos tercios de los senadores en ejercicio.
En esencia, el proyecto plantea que de manera excepcional se decrete la extinción de la responsabilidad penal y la remisión de la pena cuando corresponda, y se fundamenta en un estricto enfoque de promoción y defensa de los Derechos Humanos, adecuado a las normas y doctrina del derecho internacional sobre esta materia.
Asimismo señala que apunta a la ‘la búsqueda urgente de una solución política, con sentido humanitario, a la situación en que se encuentran desde hace más de un año las personas, especialmente jóvenes, que fueron imputadas por supuestos delitos causados en el marco de las protestas sociales del estallido social’. Los impulsores de la iniciativa aseguran que esta se basa en que las imputaciones de hechos delictivos ‘acaecieron en un marco anormal de graves y masivas violaciones a los Derechos Humanos’ y que la mayoría de las personas potencialmente beneficiadas serán jóvenes vulnerados en sus derechos sociales y económicos.
Sin embargo, el presidente del país, Sebastián Piñera, rechazó de inmediato el proyecto, y dijo que el Gobierno ‘de ser necesario, va a utilizar su facultad de veto para impedir su aprobación, porque consideramos que es un mal proyecto y que atenta contra el orden público, la seguridad ciudadana, y el estado de derecho’.
