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Por Jennifer González Covarrubias
México/AFP
El Senado mexicano terminó el lunes la votación de las leyes reglamentarias de la histórica reforma constitucional energética, recipe aprobada el año pasado y que abre por primera vez el sector a inversionistas extranjeros, informó ese órgano legislativo.
Con 85 votos a favor y 26 en contra, los senadores aprobaron el último de cuatro dictámenes que comprenden las reglas de la reforma que pone fin al monopolio ostentado por Petróleos Mexicanos (Pemex) durante 75 años en la exploración y explotación de recursos energéticos.
Los dictámenes aprobados, pese al intento de la izquierda por modificar algunos de sus artículos, deberán ser votados ahora en la Cámara de Diputados.
Presidente festeja «madurez» política
La reforma energética es «la más importante y de mayor calado», festejó el presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), en referencia a otras recientes modificaciones constitucionales que propuso al inicio de su mandato, aprobadas ya en medio de multitudinarias manifestaciones de rechazo de varios sectores.
Durante maratónicas discusiones iniciadas el jueves, «se han expuesto las ideas de todos (…) muestra de la civilidad y madurez política», destacó Peña Nieto al finalizar una gira nacional.
El dictamen aprobado este lunes incluye la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética que, entre otros puntos, crea una entidad integrada por siete comisionados que serán seleccionados por el presidente y aprobados por Congreso.
«Queremos árbitros más fuertes que no cedan a los intereses de los más ricos», dijo tras la votación a Milenio Televisión la legisladora y vicepresidenta del Senado, Ana Lilia Herrera, del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), que junto con el Partido Acción Nacional (PAN, conservador) tienen la mayoría de los escaños en el Congreso.
Sin embargo para la senadora del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) Dolores Padierna, la ley facilitará «en todo lo necesario a las empresas privadas para que puedan hacer sus negocios», de acuerdo con un comunicado del Senado.
Los legisladores izquierdistas del PRD y del Partido del Trabajo (PT) rechazaron las leyes así como la reforma aprobada en diciembre porque consideran que el país será despojado de sus recursos naturales, sobre todo el petróleo.
Los dictámenes establecen reglas para que Pemex -hasta ahora la mayor empresa estatal que aporta la tercera parte de los ingresos fiscales del país- y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) funcionen como «empresas productivas del Estado» otorgándoles autonomía.
Abrir a particulares la generación y suministro de electricidad fue otra de las leyes aprobadas.
Izquierda advierte posibles expropiaciones
La izquierda hizo enérgicas críticas a la Ley de Hidrocarburos, que establece que «el terreno de un propietario podrá ser otorgado en asignación o contrato para la exploración y explotación de energéticos», bajo las figuras de «ocupación superficial u ocupación temporal», de acuerdo con el dictamen.
Ese punto equivale a «expropiación» dado que serían contratos de décadas, consideraron legisladores del PRD y PT.
Peña Nieto, que logró modificar los sectores educativo, hacendario, financiero y de telecomunicaciones, sostiene que la reforma energética moderniza Pemex e impulsa la producción de crudo, que cayó drásticamente en la última década.
Las iniciativas para reformar dichos sectores contaron en un principio con el apoyo de todos los partidos políticos, en un acuerdo sin precedentes llamado Pacto por México, ya desdibujado.
Entre las varias manifestaciones de desaprobación a esas modificaciones, está la del director de cine mexicano Alfonso Cuarón, premio Óscar por Mejor Director con su película «Gravedad», que en cartas públicas cuestionó y retó en abril a Peña Nieto a debatir en televisión con expertos sobre las reformas energética y fiscal.
El gobierno respondió las preguntas de Cuarón pocos días después diciendo que la prevista reducción de la carga fiscal que asume Pemex se hará gradualmente en una década para evitar la caída de financiación a la salud y educación.
Los beneficios de esas modificaciones constitucionales, que el gobierno sostiene reducirán precios del combustible que sufren incrementos constantes, y de energía, se verán reflejados unos dos años después de la aprobación de las leyes reglamentarias, se añadió en esa respuesta oficial.
