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Telesur
Un grupo de senadores estadounidenses anunciaron el domingo un acuerdo sobre una nueva legislación de armas, lo cual marca un avance en una serie de medidas para combatir la violencia con armas de fuego, incluidas las llamadas leyes de “bandera roja” y mejoras en los controles de antecedentes de los compradores de armas.
Los principales negociadores del acuerdo son el senador demócrata Chris Murphy, un defensor abierto de las leyes de seguridad de armas, y el republicano John Cornyn, un firme defensor de la Segunda Enmienda que prometió que las nuevas medidas no afectarán los derechos de armas de los estadounidenses “respetuosos de la Ley”, por el momento este es un acuerdo de palabra porque aún no se ha escrito.
“Hoy, estamos anunciando una propuesta bipartidista de sentido común para proteger a los niños estadounidenses, mantener nuestras escuelas seguras y reducir la amenaza de violencia en todo nuestro país. Las familias tienen miedo, y es nuestro deber unirnos y hacer algo que ayude a restaurar su sentido de seguridad en sus comunidades”, indicaron los senadores Murphy, Cornyn y otros involucrados en el proyecto.
A diferencia de la serie de proyectos de Ley sobre armas escritos por demócratas que fueron aprobados en la Cámara la semana pasada, el acuerdo del Senado tiene más posibilidades de convertirse en Ley porque cuenta con el apoyo de republicanos clave. La declaración conjunta que respalda el acuerdo fue firmada por diez demócratas y diez republicanos. Una pieza central del acuerdo del Senado es proporcionar recursos sustanciales para que los estados implementen las llamadas leyes de “bandera roja”, que permiten a personas como la Policía o miembros de la familia solicitar a los tribunales que mantengan las armas de fuego alejadas de las personas que se consideran un riesgo para ellos mismos o para los demás.
El acuerdo también establece un proceso más riguroso para la verificación de antecedentes de las personas de entre 18 y 21 años, con una revisión mejorada que incluye comunicarse con las fuerzas del orden público estatales y locales para obtener antecedentes penales que podrían ser motivo de descalificación, y con organizaciones estatales apropiadas para obtener información sobre salud mental que podría afectar la decisión.
La propuesta también busca aclarar las ambigüedades sobre quién debe registrarse como comerciante de armas de fuego con licencia federal a los fines de realizar verificaciones de antecedentes.
El acuerdo llega tras la más reciente matanza en una escuela de Uvalde y la continuación de la violencia provocada por las armas de fuego.
