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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló, en el marco del Día Mundial para la Libertad de Prensa, sobre el “clima hostil para el ejercicio periodístico en El Salvador, en el marco del Régimen de Excepción”.
En su Informe Anual 2023, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH reportó diversas violaciones contra el gremio periodístico en el marco del “régimen de excepción”.
Un régimen de excepción que el pasado 9 de mayo fue aprobada su vigésima tercera prórroga, Después de dos años de vigencia. En el informe de este organismo regional compartió los reportes sobre las agresiones, amenazas, intimidaciones y obstrucciones a la labor informativa en El Salvador.
Del informe la RELE retoma los casos presentados por la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), que han documentado que desde la entrada en vigencia de ciertas reformas penales, se busca inhibir el trabajo periodístico de investigación en casos de corrupción o pandillas, y que terminó provocando la salida preventiva de El Salvador de algunos periodistas.
La RELE ha dado seguimiento a la situación del periodista Víctor Barahona, quien fue detenido el 7 de junio de 2022, en su vivienda, en el municipio de Apopa, y posteriormente acusado por la supuesta comisión del delito de asociaciones ilícitas, por lo que estuvo 11 meses en prisión, de forma injusta, señaló.
“Y luego de sus declaraciones públicas, el periodista fue citado a comparecer a una audiencia especial el 27 de julio de 2023, a petición de la Fiscalía General de la República, supuestamente, debido a que habían variado las circunstancias”, indica la Relatoría.
Sobre esas medidas sustitutivas otorgadas por la juez a la detención provisional del periodista, la RELE pudo conocer que durante la audiencia se habría ordenado al periodista y a abogado mantener “reserva del proceso”.
De igual manera, la RELE mencionó otros hechos contra periodistas como Jorge Beltrán de El Diario de Hoy, quien fue interceptado por agentes del sistema 911, mientras realizaba una cobertura sobre la liberación de un grupo de mujeres del penal de Apanteos, Santa Ana, en donde los agentes lo amenazaron con detenerlo, además de exigirle borrar el material de su labor informativa.
Al igual que un fotoperiodista del mismo medio, quien fue retenido por agentes de la Policía Nacional Civil, mientras realizaba su trabajo de documentar la construcción del Hospital Rosales en San Salvador, recibiendo amenazas de ser arrestado por los agentes policiales, que le alegaron el marco del régimen de excepción por el delito de “resistencia”.
El informe incluyó también los reportes sobre las “declaraciones estigmatizantes de funcionarios públicos” en contra de la prensa, medios independientes, activistas, personas defensoras de derechos humanos, entre otros actores sociales.
Entre esas declaraciones citan las que escribió el presidente Nayib Bukele, en sus redes sociales sobre que en Latinoamérica existen medios y periodistas “pagados” por el financiero George Soros, y que los “periodistas no son profesionales, sino activistas políticos, con una agenda mundial definida perversa”.
“La Relatoría observa que el régimen de excepción ha exacerbado los desafíos para las radios comunitarias. Se ha tenido conocimiento de reportes de acoso por parte de funcionarios gubernamentales contra radios comunitarias, como así también, de un clima de autocensura en los medios comunitarios en general”, indicó.
En cuanto a la respuesta del Estado salvadoreño, ante el cuestionamiento de la RELE sobre estas agresiones documentadas -respondió-, que en El Salvador no se han registrado casos de censura de material periodístico, de control, de cierre de medios de comunicación o ataques a radios y medios comunitarios. Y que no hay periodistas en prisión por informar asuntos de interés nacional.
“El Estado aseguró que en El Salvador se respeta el derecho de los periodistas a ejercer su labor informativa y el de la ciudadanía a recibir información cierta, verídica y confiable. Y que sigue trabajando para garantizar una protección eficaz a periodistas así como a defensoras y defensores de derechos humanos, lo que responde a una obligación estatal de protección a los derechos humanos”, reseñó.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reiteró que el “periodismo es la manifestación primaria y principal de la libertad de expresión”, por tanto, son las y los periodistas y medios de comunicación, quienes mantienen informada a la sociedad sobre asuntos de interés público.
La Relatoría recordó al Estado salvadoreño que este ejercicio de brindar información contribuye al “debate público amplio, robusto y plural”, por tanto, le exhortaba a generar las condiciones para que los y las periodistas puedan ejercer su función de informar de manera libre, independiente y segura.
“Conforme al principio 9 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la CIDH, se señala que el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión”, reiteró.
“Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada. Los actos de violencia contra periodistas tienen un triple efecto: vulneran el derecho de las víctimas a expresar y difundir sus ideas, opiniones e información; generan un efecto amedrentador y de silenciamiento de sus pares y violan los derechos de las personas y sociedades que generan, buscan y reciben información”, puntualizó la RELE en su informe.
