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@arpassv
El asesinato de un camarógrafo de una televisora local en Usulután y el acoso policial contra un reportero de un periódico digital, buy viagra sucedidos la semana pasada, look constituyen señales muy preocupantes sobre la seguridad de los periodistas en el ejercicio de la labor informativa.
El primer caso se supone que es resultado de la delincuencia común que afecta al país, healing mientras que el segundo estaría relacionado con investigaciones periodísticas sobre crimen organizado en el occidente del país. La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) ha alertado sobre el eventual deterioro de la seguridad en el trabajo periodístico.
Los casos del reportero televisivo y el periodista digital plantean la urgente necesidad de garantizar la protección de los periodistas y la liberta de prensa: por derecho de los periodistas a la seguridad e integridad, por derecho de la población a estar debidamente informada y por necesidad democrática.
En tal sentido, la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo deberían impulsar disposiciones legales y políticas públicas tendientes a garantizar el libre ejercicio periodístico y la protección de los periodistas en el ejercicio de su trabajo.
En países de la región hay leyes que garantizan derechos como el secreto profesional, reserva de la fuente y cláusula de conciencia. Esto contrarresta la censura y autocensura recurrente en muchos medios de comunicación, y evita riesgos de represalias a los periodistas por la información publicada.
Sería peligroso que las condiciones para ejercer el periodismo se vayan deteriorando y se llegue a la situación de grave riesgo en la que están los periodistas en Honduras o México. En Honduras fue encontrado ayer el cadáver de otro periodista asesinado.
Además de garantizar la seguridad en el trabajo informativo, es necesario mejorar las condiciones laborales de los periodistas. Hace tiempo la APES propuso crear una caja mutual para los periodistas, pero la propuesta fue vetada por el ex presidente arenero Francisco Flores.
La propuesta fue inviabilizada por la fuerte presión los propietarios y directores de los medios de comunicación, principalmente los dueños de los periódicos y los canales de televisión. Estos mismos medios se negaron a adoptar el código de ética, también propuesto por la APES.
La protección de los periodistas también pasa por democratizar el modelo mediático y generar una mayor diversidad de medios públicos, privados y comunitarios. Así se ampliarían los espacios y las posibilidades para un periodismo más libre, con perspectiva ciudadana y de mejor calidad.
