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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
Lorena Peña, diputada del FMLN y presidenta de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, manifestó hoy que son “absurdas” las sentencias de inconstitucionalidad emitidas por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), al aumento de porcentaje de inversión de los Certificados de Inversión Previsional (CIP) emitidos por el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) aprobado por la Asamblea Legislativa y al Presupuesto 2017.
“En el caso del presupuesto ordena a la Asamblea Legislativa que haga cambios al mismo, hay que recordar que la Constitución prohíbe meterle mano, nosotros como diputados no tenemos iniciativa de ley en materia de presupuesto, única y exclusivamente el Presidente de la República a través del titular de Hacienda puede hacerlo, nosotros lo que podemos hacer es aprobar o desaprobar las medidas”, dijo Peña.
La diputada informó que Carlos Cáceres, ministro de Hacienda, envió ayer una carta a los magistrados de la Sala para pedir explicaciones del porque la CSJ manda a recortar el gasto público y no habla de subir los ingresos.
“Hay tres impuestos que la Sala declaró inconstitucionales y que afectan el equilibrio presupuestario, entonces les pregunta (Cáceres) ‘¿por qué al hablar de equilibrio solo piensan en el gasto y no en la evasión y elusión fiscal?’ Creo que lo que los magistrados hicieron es mediático y es técnicamente inservible”, mencionó Peña.
La parlamentaria también consideró que lo más importante en la actualidad es reformar las pensiones para garantizar el dinero a los pensionados y es en este tema en el que los diputados deben enfocarse.
“El punto más importante acá es reformar las pensiones y nos vamos a concentrar en ello, porque además de impactar el presupuesto también lo hace en la vida de 600 mil cotizantes actuales y 175 mil jubilados”, advirtió la legisladora.
Con respecto a este tema Peña afirmó que la intensión del gobierno y del FMLN es mejorar las prestaciones de los trabajadores y contribuir a resolver la crisis fiscal, por ello se está buscando una resolución desde el punto de vista de los derechos de los trabajadores y en ningún caso desde la óptica del aumento de las ganancias de las AFP.
“La última propuesta de pensiones del gobierno es un híbrido de los puntos positivos de los demás proyectos presentados por los diferentes sectores, en algunos casos los mejora, además, de que no es confiscatoria, garantiza el ahorro del trabajador para que este no sea manoseado ni por las AFP´s ni por nadie”, manifestó Peña. Además, agregó que: “aumenta el ahorro de los trabajadores ya que sube a 15% lo cotizado y la comisión de las AFP debe bajar a 1.5% de tal forma que no solo se asume un incremento de un punto por parte tanto de empleadores, como trabajadores, sino que se baja de 2.2 a 1.5 por el lado AFP quedando el ahorro en 13.5% de su salario, lo que aumenta en un 25% la cotización lo que significa que van a tener mejor pensión”, explicó la diputada.
Peña asimismo dijo que la nueva propuesta crea un fondo colectivo donde el gobierno aporta un 5% del presupuesto para respaldar el gasto tanto de los actuales como futuros pensionados, por tanto tiene sostenibilidad en el tiempo y frena el proceso de endeudamiento público.
La diputada confirmó la petición hecha por el FMLN de un estudio del impacto que ha tenido el trabajo de las AFP en los ahorros de los trabajadores. “Nosotros siempre estamos a la expectativa de las repercusiones a largo plazo que traen las políticas públicas en este país y creo importante decir que casi nadie se ha preocupado de ver el impacto en los pobres”.
En lo que se refiere a la propuesta de reforma al sistema de pensiones presentado por los partidos de oposición, considera que reúne aspectos de las iniciativas que todos los sectores presentaron, aunque debe ser analizada ya que no posee un estudio actuarial.
Lorena Peña finalmente precisó en la urgencia de aprobar una reforma de pensiones a la brevedad posible, ya que debe ser antes de la aprobación del presupuesto para el próximo año y evitar así la carga fiscal que supone el actual. Así se garantiza el pago de pensiones para los actuales y futuros jubilados.
