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El director de Centros Penales, cialis sale Rodil Hernández, try dijo anoche en la entrevista “Debate” del canal 35 que tener a los pandilleros en cárceles diferentes se ha vuelto una situación que el sistema ya no puede mantener por falta de espacio.
“Ya no hay cómo construir más centros, click no existe esa posibilidad. No es el hecho que estemos decididos a hacerlo porque queramos, sino porque ya es una situación de orden, que ya no podemos evitar”, expresó Hernández, sobre el hecho de seguir asignando prisiones dependiendo de la pandilla a la que pertenecen los procesados.
No obstante aclaró que la decisión no se ha tomado, pero que ya les advirtió a los privados de libertad. Ante el cuestionamiento, de que poner a las pandillas en un mismo recinto puede convertirse en una bomba de tiempo, Hernández dijo que toda medida que se impulsa en un centro penitenciario es riesgosa.
Señaló que incluso tener segregados a los pandilleros ha implicado un riesgo para la población, porque le ha dado a esas estructuras un nivel de organización distinto, el cual hay que combatir. Sin embargo, el problema que tiene el Estado es de espacio.
“Es una realidad con la que estamos enfrentándonos ahora. La medida de separarlos es una medida que tiene más de 10 años. Lo que el ministro de Seguridad Benito Lara ha dicho claramente es que nosotros no podemos seguir creando centros penales para diferentes privados de libertad”, sostuvo.
El director dijo que la tasa de presidiarización de El Salvador es la más alta de América Latina. En ese sentido, las bartolinas de la PNC están abarrotadas de reos y es necesario construir más cárceles, pero también es necesario buscar otras alternativas para personas que han cometido delitos menores.
Con relación al ataque al subdirector técnico destacado en el penal de Chalatenango Joaquín Antonio Dimas Morales, el funcionario dijo que él se debate entre la vida y la muerte y que hasta el momento no tienen indicios de quienes lo pudieron haber agredido y las razones para cometer el hecho.
Dimas Morales es psicólogo de profesión y en los últimos cuatro años se ha desempeñado en el penal de Chalatenango, concretamente en el área de rehabilitación. Explicó el director que él también tenía la decisión de favorecer a los reos con programas, pero en ningún momento les expresó que había recibido amenazas.
En el tema del préstamo de $71 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Hernández que dicho empréstito estaría destinado para cinco obras y para ejecutarlo en el transcurso de cinco años.
Dos de estos proyectos, centros penales nuevos, con capacidad aproximada de 1 mil 700 espacios, y tambien servirán para terminar el penal de Izalco en su etapa tres. Las otros fondos tendrían como destino la ampliación de las granjas penitenciarias de Santa Ana e Izalco, la construcción de una nueva granja en Zacatecoluca y la compra de brazaletes electrónicos para reos en libertad.
No se han comenzado a ejecutar lo proyectos porque todavía se están cumpliendo los plazos que establece el proceso, según el funcionario. El dinero está disponible desde hace cinco meses.
De acuerdo con el director, las granjas se pueden echar a funcionar dentro de un año y los centros penales estarían listos en dos años. Para el tema de los brazaletes, se espera que la Asamblea Legislativa todavía apruebe la normativa para su implementación.
El director consideró que se desarrolla con éxito el programa “Cero Tolerancia”, que incluye la implementación de requisas de mejor calidad y con mayor frecuencia dentro de los centros penales. Estas requisas han permitido un 85% de efectividad, añadió.
“Estamos trabajando en conjunto con la fiscalía y la policía; no solo es la intensidad de las requisas sino la calidad, esto es importante para el combate al crimen”, consideró el director.
El funcionario de mayor rango en centros penales aceptó que a las cárceles siguen entrando teléfonos celulares y que en los últimos registros incluso encontraron una tablet y cargadores solares. Hernández dijo que el hacinamiento es un factor que le complica al Estado tener el control total de las cárceles.
Además, no se descarta que siempre haya personal de centros penales involucrados en ilícitos y que permiten el acceso de aparatos prohibidos.
Afirmó, que el fin de semana se capturó al coordinador de la tienda institucional de Quezaltepeque, el cual llevaba un paquete que contenía celulares, droga y cargadores que sumaban, de acuerdo al costo del mercado interno, alrededor de $15 mil dólares.
“Lo importante es que estamos realizando un proceso de investigación bastante profundo. Hemos puesto a disposición (de los tribunales) en lo que va del año, alrededor de 12 empleados penitenciarios, entre ellos el subdirector de seguridad de San Miguel; el motorista de ese centro penal no solo es una persona, es una red, y es una lucha que hay que realizar de depuración del personal y de establecer algunas líneas de control, el hacinamiento afecta”, aseveró Hernández