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Yaneth Estrada
Agencias
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, advirtió el martes que la decisión de la Asamblea Legislativa salvadoreña de destituir sin el debido proceso a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general del país socava gravemente la democracia y el Estado de Derecho.
“La separación de poderes es la piedra angular de cualquier democracia. Debilitar el control que uno ejerce sobre el otro provoca la erosión de los pilares del estado de derecho y, por ende, del sistema democrático de un país”, afirmó la Alta Comisionada.
El pasado 1 de mayo, la recién constituida Asamblea Legislativa Salvadoreña destituyó a todos los miembros de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia -cinco magistrados permanentes y sus suplentes- alegando que estos habían actuado de forma inconstitucional al fallar en contra de actos y decisiones tomadas por el ministerio de Sanidad en relación a la pandemia de la COVID-19. Acto seguido, los legisladores también cesaron al fiscal general citando sus lazos con un partido de la oposición.
Tanto los magistrados como el fiscal general fueron sustituidos en las horas siguientes. La Alta Comisionada dijo que las normas y estándares internacionales de derechos humanos estipulan que “los jueces solo pueden ser sustituidos en caso de faltas graves de conducta o de incompetencia, de acuerdo a un procedimiento justo que asegure la objetividad y la imparcialidad establecida en la constitución o la ley”, en referencia al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que El Salvador ha ratificado.
“El procedimiento seguido para cesar a todos los jueces de la Corte Constitucional de la Corte Suprema y al fiscal general no cumplió con los estándares requeridos sobre el debido proceso, lo que es una infracción de la ley internacional de derechos humanos y un ataque directo a la independencia judicial, clave para el funcionamiento democrático”, aseguró la máxima responsable de derechos humanos de la ONU. “Los jueces y fiscales deben ser protegidos de interferencias inapropiadas y de intimidación”, subrayó Bachelet.
España rechaza golpe de Estado
También, la ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya llamó al “respeto al Estado de derecho, la independencia judicial y a la separación de poderes” en El Salvador, informó la agencia EFE.
González Laya respondió así al ser preguntada en rueda de prensa por la decisión de la recién constituida Asamblea Legislativa salvadoreña de destituir a todos los miembros de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, cinco magistrados permanentes y sus suplentes, así como al fiscal general del país, con quienes el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, tuvo enfrentamientos durante el último año.
“Hacemos un llamamiento al respeto al Estado de Derecho, a la independencia judicial y a la separación de poderes, principios fundamentales para España, pero también para un país amigo como es El Salvador”, aseguró la ministra, quien sigue “atenta” los acontecimientos en el país centroamericano.
La responsable de la diplomacia española transmitió el mismo mensaje por medio de Twitter, donde expresó su confianza en que las autoridades “encuentren salida a la actual situación con pleno respeto al Estado de derecho y a la independencia y separación de poderes”.
La destitución de los magistrados y el fiscal general fue la primera decisión de la nueva Asamblea oficialista constituida el pasado 1 de mayo, una medida celebrada por el presidente Bukele a través de twitter, donde aseguró que “el pueblo no nos mandó a negociar. Se van todos”.
