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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
Guillermo García, primer secretario de conflicto del Sindicato de Empleados y Empleadas de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (SEPRODEHES), hizo un llamado urgente a las diputadas y diputados en la Asamblea Legislativa a no reeligir para un nuevo período a la procuradora Raquel Caballero de Guevara, por conducta que viola las normas éticas del cargo en cuestión.
“Presentó un informe de labores ante la Asamblea Legislativa que consideramos engañoso; sabemos que ella quiere reeligirse, por eso llamamos a los legisladores a no equivocarse de nuevo, con personas corruptas”, afirmó.
Esta no es la primera denuncia que interponen miembros del SEPRODEHES, anteriormente habían exigido hasta la renuncia de la tutelar de derechos humanos, señalada por despidos arbitrarios, prácticas de abuso laboral y nepotismo.
Así también han exigido la creación de una Comisión de Antejuicio en la Asamblea Legislativa, para que sea el legislativo que la eligió para el cargo pida cuentas a la funcionaria, por la contratación de familiares y allegados pero aún no tienen respuesta del legislativo.
En el nuevo documento presentado se denuncia el uso indebido de dos vehículos institucionales, con motorista y combustible que usa el esposo y se tienen pruebas que han sido presentadas en el TE, y en la Corte de Cuentas de la República.
Además solicitaron la recusación de la magistrada Fidelina del
Rosario Anaya de Barillas, integrante del Tribunal de Ética Gubernamental por considerar que sería “juez y parte” en las denuncias que han presentado ante la institución.
“Ella fue nombrada como procuradora adjunta de la Mujer (PDDH) en la administración de la procuradora de Guevara (octubre 2016 y cesó en mayo 2017), ahora ella forma parte del TEG y creemos que no puede conocer este caso, por razones obvias. Y ella debería recusarse pero no lo ha hecho o el TEG debe excusarla, porque no puede seguir conociendo los expedientes en donde hemos interpuestos nuestras denuncias contra la procuradora Raquel de Guevara”, argumentó.
Sobre los despidos del personal de la PDDH sin cumplir los procesos administrativos reconocidos en la Ley del Servicio Civil, García reseñó que el caso de Mirna Rojas es un claro modelo de las prácticas arbitrarias de la funcionaria que tutela los derechos humanos de la población salvadoreña.
