Fidelina Martínez Castro
Como integrante del Movimiento por una Cultura Laica (MCL) considero oportuno, sobre todo para las nuevas personas que asumen en la Asamblea Legislativa, hacerles un recordatorio de que el texto que fundamenta nuestra República (la Constitución) establece tácitamente que somos un Estado laico. Lo anterior es importante porque la responsabilidad que asumen es con toda la ciudadanía, creyentes de diversas religiones o no creyentes, pero a toda por igual se les tienen que respetar sus derechos.
Lo recomendable es hacerlo con una mente abierta, en donde se den la oportunidad de escuchar todas las ideas sobre aspectos sumamente sensibles para el respeto de los derechos humanos de las mujeres, es importante revisar algunas leyes que limitan la libertad, prerrogativa que toda la humanidad debe tener para tomar sus propias decisiones, sobre todo aquellas que involucran su individualidad, su cuerpo, su proyecto de vida, su salud física y psicológica y todo lo que concierne a su vida.
La libertad es un valor que nos desarrolla nuestra adherente dignidad como personas y nadie debería sentirse constreñida por mandatos dogmáticos, impositivos e injustos, derivados de creencias particulares, que utilizando recursos legales someten y criminalizan la libertad individual de las mujeres, a quienes no se les debería coartar su derecho de decidir cuándo, con quién y si quieren (o no) procrear.
Lo que se espera en una legislación republicana es una regulación, sin ningún tipo de discriminación, y desde ese punto de vista no se deben confundir las individuales creencias religiosas con lo conveniente para toda la población. Si nos percatamos, el Art. 25 de la Constitución, que regula “el libre ejercicio de todas las religiones…”, es un artículo que está ubicado en el Título II, Capítulo 1, y se refiere a los derechos individuales, porque se trata de un derecho y de una práctica personal, es una decisión claramente subjetiva. Mal harían quienes legislan, mezclando religión con políticas públicas como en las teocracias, primero porque somos un Estado laico por mandato constitucional, y segundo, porque están en la obligación (como toda la población) a respetar las leyes de la República.
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