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Río de Janeiro / AFP
Louis Genot
El exjuez anticorrupción Sergio Moro, emblema de la lucha contra la corrupción en Brasil y ministro clave del gobierno de Jair Bolsonaro, quedó en posición delicada después de las revelaciones de mensajes que muestran su presunta parcialidad en la condena del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Los mensajes filtrados el domingo por el portal The Intercept Brasil, que podrían implicar maniobras entre los fiscales de la Operación Lava Jato, la mayor investigación anticorrupción del país, y el entonces juez y actual ministro de Justicia y Seguridad Pública para impedir que el exmandatario de izquierda (2003-2010) vuelva al poder.
Moro, de 46 años, trató rápidamente de desdramatizar del impacto de esas filtraciones, muchas de las cuales procederían de teléfonos hackeados.
«No he visto nada de más en esos mensajes. Hubo una invasión criminal de los celulares de los fiscales; para mí eso es un hecho bastante grave (…). En cuanto al contenido, en lo que a mí respecta, no he visto nada de más», afirmó el lunes.
No todos están convencidos de ello y las voces que lo critican o que piden su renuncia se multiplican.
La Orden de Abogados de Brasil (OAB) recomendó la separación temporaria de sus funciones de Moro y del fiscal Deltan Dallagnol, jefe de la fuerza tarea de Lava Jato.
Un magistrado de la corte suprema, Gilmar Mendes, comentó el martes durante una audiencia que «un juez no puede ser el jefe del equipo de investigación».
«Si Sergio Moro sigue diciendo que [su actuación] es normal, y evidentemente no lo es, su permanencia en el gobierno será insostenible», advirtió este miércoles una columna de opinión del diario O Estado de S.Paulo.
Las revelaciones publicadas hasta ahora pueden haber desestabilizado a Moro, aunque no parecen suficientes para forzar su renuncia.
The Intercept afirmó que tiene un arsenal mayor de filtraciones en su poder, aunque aún no ha hecho nuevas divulgaciones.
En un tuit del miércoles, Moro abogó por su proyecto de ley anticrimen y aseguró: «hackers de jueces, fiscales, periodistas y quizás hasta de parlamentarios (…) no van a interferir en mi misión».
– Moro vs Lula-
La misión por la que Moro ganó su prestigio y notoriedad: erradicar la corrupción de Brasil.
Como juez de primera instancia, lanzó en Curitiba (sur) la Operación Lava Jato, que desde 2014 ha puesto al descubierto una vasta red de sobornos pagados por constructoras a políticos para obtener contratos con Petrobras.
Las investigaciones desembocaron en la condena de decenas de políticos de prácticamente todo el arco parlamentario y de empresarios de primer plano.
Su mayor trofeo fue Lula, encarcelado en Curitiba desde abril de 2018.
El líder histórico de la izquierda, de 73 años, fue condenado por Moro en julio de 2017 a 9 años y medio de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero. La sentencia fue reducida este año por un tribunal superior a 8 años y 10 meses.
Durante la campaña electoral del año pasado, Bolsonaro prometió que Lula «se pudrirá» en la cárcel.
Moro, al interrogar a Lula en mayo de 2017, le aseguró: «Señor Presidente, quiero dejar claro que pese a algunas versiones, no existe de mi parte ninguna desavenencia personal con usted. El desenlace del juicio provendrá de las pruebas y de la ley».
Moro finalmente lo declaró culpable de haberse beneficiado de un apartamento ofrecido por una constructora para obtener licitaciones en la petrolera estatal. El fundador del Partido de los Trabajadores (PT) siempre se declaró inocente y denunció una maquinación para impedir que la izquierda vuelva al poder.
«El juez Sergio Moro, rehén de los medios, estaba condenado a condenarme», declaró Lula.
Para los abogados de Lula, las revelaciones de The Intercept Brasil refuerzan su convicción de que el exlíder sindical no tuvo un juicio imparcial.
Unas dudas que ya se plantearon cuando Moro aceptó en enero ingresar al gobierno de Bolsonaro, quien acababa de derrotar a Fernando Haddad, el candidato del PT.
