Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Omelina Méndez ha recorrido un camino de lucha social por 20 años. Es una mujer indígena de Santa Catarina Masahuat, Sonsonate, se dedica a la defensa de la “vida, la tierra y el territorio”, aplicando sus saberes ancestrales heredados de su abuela materna y la comunidad.
“Comencé a organizarme allá por el 2004, junto con otras mujeres de la comunidad para atender las carencias y necesidades de salud, allí aprendí mucho y ahora defiendo también el agua, la semilla y la tierra, que son el soporte de la vida de todos”, señaló Méndez.
El Servicio Social Pasionista (SSPAS) con la cooperación de Manos Unidas, realizó la presentación del libro “Luchas que Transforman: Historias de Vida y Resistencia”, como un aporte a la sociedad en general sobre los aportes de estas personas defensoras a la vigencia y garantía de los derechos humanos de la población salvadoreña.
El testimonio de Omelina Méndez del Comité de Mujeres Indígenas Las Flores, junto al de Sonia Vásquez, del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR), Verónica Delgado del Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Ever Pacheco del Colectivo Estrellas del Golfo, defensor de derechos LGBTI, conforman el segundo libro de testimonios de personas defensoras.
Los cuatro testimonios fueron compilados y redactados por Marcela Acosta, socióloga del SSPAS, quien reiteró que el ejercicio de rescatar la memoria a través de los relatos de las personas defensoras en sus territorios les permite “darles voz” para ser escuchados.
“Normalmente las mujeres son las personas defensoras, y creo que vienen desde el ámbito histórico por ser cuidadoras de la familia. Es claro, como las mujeres que defienden el medio ambiente, en su mayoría son ellas quienes luchan, porque son quienes ocupan el agua para actividades de cuido de la familia”, manifestó.
“Ese es un gran valor, y tiene relevancia además porque son las mujeres quienes hacen la lucha social también para defender a todas las personas. Estos testimonios han sido muy interesantes, son historias de vida. Y sí, cada una tiene sus particularidades pero tienen ejes en común que al final es la defensa de la justicia por la dignidad humana”, sostuvo Acosta.
SSPAS y la defensa de derechos humanos
Verónica Reyna, directora del Servicio Social Pasionista, afirmó que este libro busca presentar la defensa de derechos humanos que realizan cientos de personas en distintos contextos y temáticas, que calificó de “relevantes” para el país, pero ante todo, era una muestra de la realidad que viven en la zona rural del país.
“Los testimonios son de personas que están defendiendo los territorios, con pocos recursos, desde sus capacidades organizativas y colectivas. Y como esta lucha también responde a la historia de vida desde su niñez, adolescencia, familia y lo que han vivido a diario y les ha llevado a tomar conciencia de defender derechos”, dijo.
“La idea también es presentar que la lucha por derechos humanos viene desde hace ratos, que sigue siendo relevante para romper con el estigma de criminalización de las personas defensoras. Desde la lógica (del gobierno) que las personas defensoras defendemos criminales, cuando realmente , defendemos derechos humanos”, manifestó Reyna.
Asimismo, opinó que la lucha social tiene “causas válidas”, porque la población reacciona y se expresa ante situaciones de injusticia social o vulneración de sus derechos.
“Este libro visibiliza sus rostros y con arte tocamos algunas fotografías, porque queremos darle un significado a sus aportes. Para que estas personas que tienen poca voz, las conozcan desde sus luchas que están extendidas en el territorio, es un trabajo importante por los derechos humanos”, agregó.
Sonia Vásquez, quien integra el MOVIR, supo desde que era una niña de 3 años de edad que “vino a luchar por sus derechos”. El pasado conflicto armado le dejó una herencia de temores, y la huida de su lugar de origen junto a sus padres para salvar sus vidas.
Para 1992, luego de la firma de los Acuerdos de Paz, Sonia se vió inmersa en acciones colectivas para exigir una mejor calidad de vida que se enmarca en el derecho humano del agua y oportunidades en educación y trabajo siendo joven. Este ejercicio ciudadano le permitió, pese a todos los obstáculos enfrentados contar con “resilencia”
El 30 de mayo de 2022, de nuevo marcó un reto en la vida de Sonia, cuando capturaron a un familiar en la vigencia del Estado de Excepción, detención de la cual han pasado 2 años y aún no obtiene respuesta del paradero de su familiar. Lo anterior ha provocado, además, enfrentar señalamientos, estigmatización, hostigamiento y criminalización por exigir la libertad de personas inocentes capturadas.
“El régimen nos está señalando como que si somos defensores de delincuentes, además no hay una ley que proteja a las personas defensoras”, dijo.
Sonia comenta que su familia se ha visto envuelta en la “política represiva del Estado”, y denunció que se han visto amenazados, vigilados y violentados por grupos afines al gobierno y han tenido que migrar de nuevo.
Mayor vulnerabilidad e injusticia social
Verónica Reyna manifestó que existe mayor vulnerabilidad a un grado de desprotección de las personas que se encuentran defendiendo derechos humanos en el país.
Y específicamente, indicó que en la zona rural se ven mayormente afectados ante la ausencia o menor presencia de redes de acompañamiento para atender lo que ocurre con las personas defensoras.
Como SSPAS, acotó Reyna, están luchando por “visibilizar” a estas personas y su trabajo, con el fin de brindar un amparo ante posibles “agresiones por parte del Estado”, que incluyen las empresas extractivistas y son las mayormente denunciadas.
Comisionado presidencial de derechos humanos
Sobre las declaraciones del comisionado presidencial Andrés Guzmán, en la reciente Audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre el estado de derechos humanos de la población, consideró que ya esperaban ese “discurso negacionista” del gobierno salvadoreño.
“Nosotros tenemos claro que es un discurso negacionista que intenta limpiar la cara al Estado, más que generar realmente un rol de verificación de revisión del estado de los derechos humanos en El Salvador. Y no es nuevo que se genere este tipo de figuras para querer cambiar el discurso, modificarlo e incluso mentir”, argumentó.
“Sí, nos parece triste porque en lugar de tener un funcionario que -pagamos con nuestros impuestos- este niegue la existencia de violaciones a los derechos humanos. Cuando serviría mucho más una persona independiente que verifique la situación de centros penitenciarios, el estado de los detenidos y que realmente se interesara por las víctimas”, expuso Reyna.
Expresó también su rechazo que el funcionario no sólo se dedique a “minimizar la violación a los derechos humanos”, sino, también, a estigmatizar la defensa de estos derechos fundamentales que todo ser humano posee desde su nacimiento.
“Lamento que esté ofendiendo a las víctimas que siguen reivindicando sus derechos, es una postura bastante cínica -a nuestra manera de ver-, pero creo que es también parte final de la construcción convencional de este tipo de discurso autoritario”, alegó.
“Porque necesitan buscar formas de eludir su responsabilidad, también de reconocer sus errores y atenderlos de manera más profunda porque sólo tienen políticas superficiales, corto placistas y no están en función de la gente”, puntualizó Reyna.