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Washington/PL
La llamada Fuerza de Tarea creada por la administración de Donald Trump para extender el acceso a Internet en Cuba sin el consentimiento de las autoridades de la isla, celebró su primera sesión de trabajo.
Este comité asesor, cuya formación fue anunciada por el Departamento de Estado el 23 de enero, lo integran representantes del Gobierno federal y expertos de instituciones académicas y científicas, bajo la presidencia del subsecretario adjunto para el Hemisferio Occidental, John S. Creamer.
Su intención expresa es analizar ‘los retos tecnológicos y las oportunidades de la extensión de acceso a Internet en Cuba para ayudar al pueblo a disfrutar de un flujo de información libre y no regulado’.
De acuerdo con estadísticas oficiales de la nación antillana, actualmente cerca de la mitad de los 11 millones de cubanos utiliza dicho servicio, en su mayoría a través de redes físicas o zonas wifi y la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) tiene previsto incluirlo este año en los teléfonos móviles.
En la isla existen más de mil puntos de acceso a Internet, sin contar las instituciones estatales, donde se conectan unas 250 mil personas diariamente.
En su reunión de este miércoles, el grupo decidió crear dos subcomités: uno para evaluar el papel de los medios en Cuba, y el otro el acceso a Internet, los que presentarán sus consideraciones dentro de seis meses, para analizarlas en octubre durante otra sesión de trabajo, y posteriormente preparará un informe final con recomendaciones al secretario de Estado, Rex Tillerson, y al presidente Trump.
Tras conocer la decisión de crear este comité, el Ministerio cubano de Relaciones Exteriores (Minrex) rechazó estos intentos de Estados Unidos de quebrantar la soberanía de la nación caribeña en cuanto a su competencia para regular flujos de información, y denunció las pretensiones de manipular internet para llevar a cabo programas ilegales con fines políticos y de subversión.
La nota del Minrex exigió al gobierno de Estados Unidos que cese sus acciones injerencistas e ilegales contra Cuba, que atentan contra la estabilidad y el orden constitucional del país caribeño, y lo instó a respetar la soberanía cubana, el Derecho Internacional,así como los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas.
Esta fuerza de tarea se creó en consonancia con el Memorando de Seguridad Nacional titulado Fortalecimiento de la Política de Estados Unidos hacia Cuba, que el presidente Trump firmó el 16 de junio de 2017 en Miami, Florida, bajo fuertes presiones de la ultraderecha anticubana.
Ese día el gobernante derogó la directiva que Obama emitió el 14 de octubre de 2016 titulada ‘Normalización de las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba’ con el propósito de consolidar los cambios adoptados en la política hacia la isla.
La más reciente disposición de las autoridades estadounidenses se suma a un conjunto de medidas adoptadas desde que Trump asumió el cargo en enero de 2017, como la del 3 de octubre pasado, cuando el Departamento de Estado anunció la expulsión de 15 funcionarios de la sede cubana en Washington.
Pocos días antes Estados Unidos retiró más de la mitad de su personal en La Habana, debido a alegaciones sobre supuestos incidentes de salud, sobre los cuales las autoridades estadounidenses no presentaron pruebas.
Expertos de la mayor de las Antillas señalan que el nuevo proyecto subversivo contra Cuba no es nada nuevo en el ciberespacio, pues en 2014 medios de prensa estadounidenses revelaron un plan del gobierno de la nación norteña para crear un ‘Twitter cubano’ con fines de desestabilización en la isla, iniciativa que incluía la creación de una red de comunicaciones a la que llamaron Zunzuneo para ganar popularidad entre los jóvenes.
