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@arpassv
El Juzgado Primero de Santa Tecla ha ordenado detención provisional contra cuatro acusados por el delito de “remuneraciones por actos sexuales con menores de edad”, entre éstos el empresario de sangre oligarca Ernesto Regalado O’Sullivan y Maximiliano González Jiménez, locutor extrella de Telecorporación Salvadoreña (TCS) conocido como “Gordo Max”. Completan la lista de esta repugnante trama delictiva Luis Alonso Marroquín y Salvador Enrique García.
Del proceso judicial en el sonado caso, sin embargo, debe señalarse tres omisiones importantes que generan muchas dudas y que -por tanto- no deben pasar desapercibidas.
La primera omisión tiene que ver con la débil e insuficiente querella penal presentada por la Fiscalía: sospechosamente no han sido incluidos delitos más graves como estupro, violación sexual, trata de personas y otros ilícitos penales que han sugerido organizaciones feministas, expertos penalistas y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
¿Qué busca con esto la Fiscalía? ¿Por qué, con todo lo bravucón que se muestra el Fiscal General Douglas Meléndez, la Fiscalía no presentó una acusación más sólida contra los imputados? ¿Acaso quiere que el caso se caiga? ¿O que los acusados reciban como condena una pena risible?
La segunda se refiere a la no inclusión de una larga lista de influyentes personajes que presuntamente habrían cometido los mismos delitos del “Gordo Max y compañía”, pero que no están siendo investigados. Se habla de connotados políticos, empresarios y periodistas que estarían siendo protegidos por la Fiscalía y dejados en la impunidad por el Sistema Judicial. Al asumir su cargo, el Fiscal Meléndez dijo que aplicaría la ley sin importar a quien, pero en este caso ¿sí le importa?
Y la tercera está relacionada con la posible complicidad de TCS. El principal grupo mediático del país debió despedir al “Gordo Max” hace dos años cuando se descubrió el caso, como muestra de rechazo al cometimiento de delitos sexuales; pero no lo hizo. Y en la actualidad mantiene en sus puestos a otros obscenos presentadores que son mencionados en la lista antes dicha.
Por eso las instancias defensoras de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes deben exigir que la Fiscalía amplíe la acusación a otros delitos como estupro y violación, que procese a todos los involucrados y que también investigue la posible complicidad de TCS. Estos tres puntos deberían ser líneas de acción de las ONGs que se presentarán como querellantes, para que el caso en cuestión no sea sólo un show de la Fiscalía y para evitar el riesgo de impunidad.
