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La historia política de El Salvador ha marcado el 4 de febrero 2024 como elecciones históricas, no por los resultados, pues ya eran esperados, ni por la participación ciudadana (el soberano), ni por el civismo, sino por la participación inconstitucional del presidente Bukele como candidato del partido Nuevas Ideas.
Bukele es ahora presidente de la República y presidente electo a la vez, pues participó en estas elecciones violando la Constitución. Al menos 6 artículos de la Constitución fueron violados al participar Bukele en estas elecciones, y que el votante ignoró, en parte porque la propaganda del gobierno en los últimos cuatro años se dedicó a desmontar del imaginario de los salvadoreños los valores democráticos. Tan poco le interesa a los que votaron por Bukele los valores democráticos, que el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, en declaraciones al influyente periódico New York Times, expresó que la están “eliminando”.
Ulloa reconoció, ante el New York Times, que en El Salvador se está desmantelando la democracia. “A esta gente que dice que se está desmantelando la democracia. Mi respuesta es sí. No la estamos desmantelando, la estamos eliminando, la estamos sustituyendo por algo nuevo”, especificó Ulloa con la prepotencia que característica a los funcionarios del actual gobierno. Qué bien que Ulloa lo diga con meridiana claridad que a este gobierno no le interesa la democracia, pero que mal que no les diga a sus votantes el nuevo sistema que va a implantar Bukele en su segundo quinquenio, porque decir que lo va sustituir por “algo nuevo”, es no decir nada, pero puede inferirse que ese algo nuevo será una dictadura.
A los votantes de Bukele no les importó perder la democracia, como lo admitió Ulloa, ni gozar de los derechos constitucionales que seguirán restringidos, pues en la última semana de campaña, Bukele pidió el voto para sus candidatos a diputados para continuar combatiendo a las pandillas y para aprobar mes a mes el Estado de Excepción.
Pero Bukele no solo violentó la Constitución, sino toda la institucionalidad, pues utilizó hasta el último momento de la campaña los recursos del Estado. Por ejemplo, hasta el mismo día de las votaciones mantuvo spots y cuñas radiales con mensajes “de lo bien que está el país”, y “lo que vendrá en los próximos años”, y el tema de las pandillas, responsabilizadas por “El Gobierno de El Salvador”. Hasta un día antes de las elecciones, el gobierno anduvo entregando bolsas con alimentos, lo cual, de acuerdo con la ley electoral, es “compra de votos”.
Bukele modificó la ley electoral para que 600 mil votantes del exterior se adjudicaran a la circunscripción de San Salvador, para garantizar los 16 diputados, además que eliminó el sistema de residuos para evitar que la oposición, sobre todo los partidos pequeños, obtuviera un diputado por residuo. Permitió que se votara con DUI y pasaporte vencido, y no le permitió a la oposición participar en el mecanismo control del voto en el exterior, y dejó al frente del voto en el exterior al Ministerio de Relaciones Exteriores.
Bukele también ordenó a la Asamblea Legislativa aprobar un decreto para el transporte gratis para los votantes, e inmediatamente, comenzaron los mensajes para al ciudadano que, si iba a votar por Bukele, solicitara el transporte gratuito.
Mientras, la oposición no pudo hacer campaña por falta de fondos, pues el gobierno de Bukele ordenó a Hacienda, desde las elecciones de 2021, no darles la deuda política a los partidos opositores, mientras el oficialismo no solo contó con fondos propios, sino que utilizó los recursos del Estado para la propaganda.
Por eso, sin lugar a duda, las elecciones del 4 de febrero fueron históricas, pero porque se violentó la Constitución y porque las “cartas estaban marcadas”.
